SANTIAGO.- En los pasillos del Palacio de Tribunales su presencia no pasa desapercibida. Ya sea porque acostumbra llevar colores que resaltan del habitual negro que se viste en la sede de justicia, o porque va acompañada de dos funcionarios policiales.
La ministra de la Corte Marcial y de Apelaciones de Santiago, Romy Rutherford, cuenta con dicha protección desde hace casi dos meses a raíz del caso que la ha mantenido en los medios durante los últimos días: el millonario fraude en el Ejército con fondos relacionados con la Ley Reservada del Cobre.
La investigación la asumió en 2017 cuando cumplió su período de tres años como integrante de la Corte Marcial Omar Astudillo, quien inició la indagatoria.
A la fecha, esta ya tiene 21 aristas, de las cuales Rutherford descubrió aquella denominada "Empresas de Turismo", y que trata del mal uso de dineros fiscales destinados a comisiones de servicio en el extranjero. Fue por esta última que a comienzos de esta semana procesó al ex segundo del Ejército, John Griffiths, por un perjuicio que supera los $44 millones.
Además, en agosto, dictó las dos primeras condenas del caso, las cuales van entre los 10 y 12 años de presidio.
Trayectoria
Rutherford llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago como ministra en noviembre de 2014.
Antes, se desempeñó como jueza del 2° Juzgado del Crimen de Santiago, donde vio causas ligadas a estafas a entidades bancarias; acusaciones en contra del ex alcalde de Valparaíso, Hernán Pinto, por abuso sexual a menores; tuvo dedicación exclusiva en temas de derechos humanos; procesó a dos periodistas por injurias graves con publicidad en contra del sacerdote Raúl Hasbún; y reconoció que en Chile está vigente el principio de la jurisdicción universal, por lo que se podría investigar ilícitos imputados al ex presidente de Perú, Alan García.
2017Fue el año en que la ministra asumió la investigación por el millonario fraude en el Ejército con fondos relacionados con la Ley Reservada del Cobre
También, congeló las cuentas bancarias en Chile del "clan Mazza", en el caso de lavado de dinero por US$ 280 millones.
Además, la abogada con un doctorado y magíster en la Universidad Católica fue relatora del tribunal de alzada y de la Corte Suprema.
Al ser consultada por El Mercurio sobre la situación en que se encuentra actualmente, la ministra aseguró: "No me siento amenazada. Es la protección habitual que se le puede dar a un ministro que lleva una causa de connotación pública". Los dos miembros del grupo de Protección de Personas Importantes (PPI) de la PDI, informó dicho medio están a su lado desde que abandona su domicilio.
