SANTIAGO. - En casi 60 segundos, la Fiscalía Centro Norte comunicó al 7° Juzgado de Garantía el cierre de la investigación que por más de dos años tuvo en tela de juicio al ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en el llamado caso Cau Cau.
De acuerdo a lo expuesto, el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar ya que “finalizadas las diligencias investigativas no se pudo recabar antecedentes que permitan sostener una acusación fiscal".
La indagatoria contra el ex secretario de Estado surgió tras la querella presentada por la empresa Zañartu Consultores a mediados de 2016, luego que el MOP interpusiera una sanción raíz que los responsabilizó de no advertir oportunamente de los problemas del viaducto en Valdivia.
En la acción se le atribuyó a Undurraga el delito de prevaricación administrativa, el cual refiere al "ilícito que comete un empleado público no judicial que dicte resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo", ya que a juicio de la empresa, el ex ministro habría sido autor de presiones ejercidas al Comité de Registros para efectuar la sanción que implicó una suspensión de 12 meses se servicios al ministerio.
Sin embargo, en septiembre del año pasado Zañartu desistió de la querella, aunque la Fiscalía continuó con la investigación, tomándole declaración en calidad de imputado a Undurraga.
"El resultado, la conclusión aquí es que no existe delito. Lo más relevante es que esto confirma una vez más, como antes lo hizo la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, que lo actuado por el ministro de aquella época fue correcto, adecuando, ajustado a las facultades de sus funciones, y fue jurídicamente correcto", aseguró Álvaro Varela, abogado de Undurraga, respecto a los recursos de protección rechazados en su oportunidad.
"Lamento que un ministro de Estado se haya encontrado expuesto en una investigación de tipo criminal por un hecho que ya antes había sido revisado, por consiguiente no había mérito alguno para seguir con la investigación", agregó Varela, quien además había solicitado el sobreseimiento de su representado hace un año.
Por su parte, el MOP anunció que no se va a desarmar el controvertido puente, sino que se optará por repararlo.
