SANTIAGO.- El proyecto
Aula Segura ha estado marcando la agenda política y de educación desde hace dos semanas y si en en su presentación en el Congreso la discusión se centró en que la comisión de Constitución del Senado lo declaró inconstitucional, en los últimos siete días el debate entre el
Gobierno -que impulsa la iniciativa- y la oposición se ha enfocado en que los parlamentarios de la
ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio se oponen asegurando que se debe aplicar una política más integral.
La iniciativa que lidera la ministra de Educación,
Marcela Cubillos, busca
reducir el plazo en el proceso de expulsión de un estudiante que es sorprendido cometiendo actos de violencia extrema (agredir a un profesor o asistente y portar armas o bombas) junto con establecer el deber del director del establecimiento de cancelarle la matrícula al escolar en cuestión. Sin embargo, los senadores de oposición miembros de la comisión de Educación, han insistido en resaltar la
inconstitucionalidad que se le asignó al proyecto, pese a que el Gobierno buscó reparar esa situación y presentó indicaciones que harían que la normativa sí respete el debido proceso para que el adolescente pueda defenderse antes de ser expulsado.
Además afirman que el deber del Estado es hacerse cargo del estudiante y abordar de una manera más compleja el por qué se comporta de ese modo y ayudar tanto al colegio, a ese menor y a su familia, a superar esas conductas con un proceso de acompañamiento más extenso.
"(Hago un llamado) a que
abordemos de manera integral estos hechos de violencia que se viven en las escuelas, y no solo lo que aquí se ha señalado, que ha sido la motivación de presentar este proyecto, respecto de lo que sucede en 11 o siete colegios de la Región Metropolitana", dijo
la presidenta de la comisión, senadora Yasna Provoste (DC).
El plazo
A todos esos tropiezos que enfrenta el proyecto de artículo único, se le suma que el martes la instancia parlamentaria dio inicio a las audiencias en las que se comprometió a escuchar a cerca de
50 personas entre alcaldes (sostenedores), directores, expertos y estudiantes, además de al ministro del Interior,
Andrés Chadwick.
Con esto su tramitación podría hacerse más lenta, lo que presiona las relaciones entre el Ejecutivo y los senadores, ya que Aula Segura cuenta con suma urgencia -la que fue renovada por una vez tras varias discusiones entre ambos poderes del Estado- por lo que solo tiene 15 días corridos desde el martes recién pasado, para que la comisión lo vote en general y también la Sala, para así ser despachado de la Cámara Alta.
"Esperamos que
el Senado cumpla la urgencia y lo despache en esta semana que viene", dijo en
Emol TV el ministro de la Segpres,
Gonzalo Blumel, recalcando que la semana subsiguiente es regional (los senadores trabajan en sus regiones), por lo que el tiempo se agota aunque la prioridad legislativa venza el miércoles 31 de este mes.
Golpeó la mesa
En esta etapa de escuchar expertos en la materia uno de los que generó más atención mediática fue el ministro Chadwick. La intención del Ejecutivo al proponerlo como parte del listado de invitados fue que él diera su opinión desde la perspectiva de seguridad, pero también que reforzara que el proyecto sí cumple con el debido proceso.
El secretario de Estado realizó una exposición que incluyó un
video con archivos de prensa y material publicado en redes sociales, en donde quedaron expuestos estudiantes realizando manifestaciones con bombas molotov y otros elementos incendiarios, junto con testimonios de profesores agredidos que dijeron tener
"miedo". Además entregó cifras de episodios de violencia ocurridos en los colegios que maneja Carabineros y por último,
golpeó la mesa -literalmente- para resaltar la constitucionalidad de la iniciativa.
"Victimización"
Entre los expertos que ha sido parte de las audiencias hubo uno que protagonizó un tenso momento con la ministra Cubillos el miércoles recién pasado, el doctor en Educación de la Universidad de Santiago, Jaime Retamal.
Tras exponer un representante de un colegio, Retamales dijo "yo escucho a un director victimizado, a un director temeroso, escucho a un director que necesita formación, que necesitan capacitación, que necesita ayuda del sostenedor".
Ante esto la secretaria de Estado pidió la palabra y señaló que "a mí me parece que es una falta de respeto, con un nivel de descalificación que yo no lo había visto en esta discusión. Así que también aquí cuando hemos escuchado a profesores decir que tienen miedo no es que sean temerosos, sino que hay gente que tiene miedo".
El diálogo continuó, ya que Retamal emplazó a la representante del Gobierno diciéndole: "ministra yo no vine a golpear la mesa, sino a ser enfático en decir lo que vine a decir y no voy a pedir disculpas por hablar como uno habla. Golpear la mesa me parece sí que es una falta de respeto".
La defensoría de la Niñez
Entre otros especialistas que ha recibido la comisión en audiencia, entre los que se cuenta el alcalde de Santiago,
Felipe Alessandri, la inspectora del Instituto Nacional, María Teresa Cortés (que fue rociada con bencina por estudiantes que usaban overoles blancos), también se cuenta la defensora de la Niñez,
Patricia Muñoz.
La abogada se mostró contraria al proyecto y centró su argumentación en desmentir algunas afirmaciones hechas por representantes del Gobierno y el oficialismo quienes han señalado que no se puede suspender a un alumno mientras dura el proceso de investigación para la expulsión ya que no puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho.
Muñoz planteó que "lo que debe hacerse es una corrección de la reglamentación interna de los establecimientos, para que la suspensión sea una medida cautelar, evitando que exista algún procedimiento judicial que determine que posteriormente no es posible la expulsión". Advirtiendo que de lo contrario, la Corte Suprema podría llenarse de recursos de protección.
