SANTIAGO.- Un duro revés sufrió el Gobierno ayer luego que la comisión de Educación del Senado cambiara el objetivo de La Moneda con el proyecto Aula Segura, que apuntaba a expulsar a los alumnos que realizaran actos de violencia en contra de profesores.
El lunes el Ejecutivo le puso discusión inmediata a la iniciativa y la instancia optó por votar el proyecto en general y luego en particular. Si bien se aprobó, en el proceso los legisladores de oposición hicieron una serie de modificaciones al plan original, cambiando incluso su nombre y así el proyecto será votado ahora en la Sala de la Cámara Alta.
Según señalaron tanto representantes del Gobierno como parlamentarios oficialistas, se cambió la "idea matriz" del documento. Y es que la oposición impuso su mayoría (tres contra dos) y rechazó todas las indicaciones del Ejecutivo, visando las impulsadas por los senadores de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio.
Nombre
Entre los cambios se destaca que el proyecto dejó atrás la denominación de "Aula Segura" e ingresó a la Sala como "proyecto de ley que fortalece las facultades de los establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar", apodado por la presidenta de la comisión, Yasna Provoste (DC), como "Aula Democrática".
Obligación y facultad del director
Además, bajo la idea impulsada por la administración de Piñera se establecía la obligación del director de los establecimientos de suspender de forma inmediata e iniciar el proceso de expulsión a los alumnos sorprendidos portando objetos explosivos o agrediendo físicamente a profesores. Ahora esto será sólo una facultad y no una obligación del director. En vez de mencionar “actos de violencia” para referirse a las causales, el término utilizado ahora fue "hechos graves".
Uso de reglamento
Por otro lado, Aula Segura extendía el deber de expulsar a los estudiantes en caso de actos de violencia, pero ahora la medida dependerá de los hechos graves y gravísimos que dicte el reglamento interno de cada establecimiento para determinar cuáles serán los actos que ameriten la "posible separación del estudiante".
Tras esto, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, señaló que "lanzar una bomba molotov es lo mismo que hacer la cimarra, fumar o copiar la firma de un apoderado. Porque ese tipo de actos son catalogados como graves en los reglamentos internos".
Plazos de expulsión
También fueron ampliados a 15 días de plazo para la expulsión (10 días para la defensa del estudiante y 5 para resolver la reposición), rompiendo con la idea de que la separación del alumno debía ocurrir en siete días como lo proponía el Ejecutivo.
Colegios privados
Otro cambio fue la extensión de la iniciativa a todos los colegios, incluidos los privados, no solamente planteles municipales o particulares subvencionados.
