SANTIAGO.- Dos presentaciones ante la Contraloría General y dos solicitudes formales ante el Gobierno fueron realizadas por la oposición en menos de una semana.
¿El objetivo? Exigir explicaciones por la reunión del pasado 16 de octubre, liderada por la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, donde se analizó el escenario electoral en la región.
En dicha cita, según publicó El Mercurio, la autoridad -junto a seremis y gobernadores- habría realizado un completo examen con miras a las elecciones de 2020.
Asimismo, trascendió que Rubilar preguntó a los presentes sobre su disponibilidad para competir en los comicios municipales y regionalesde ese año.
El hecho encendió las alarmas en la oposición. Por ello, la mesa directiva de la DC y los secretarios generales de Convergencia Progresista lo calificaron como una "ilegalidad".
Fue así como los dirigentes demócratas cristianos presentaron una denuncia ante el ente fiscalizador por
intervencionismo y uso de lugares públicos para reuniones políticas.
"Pedimos que se oficie a todos los intendentes del país para que conozcan muy bien las normas de probidad", dijo al respecto la vicepresidenta DC, diputada Johanna Pérez.
Lo mismo hicieron los secretarios generales de los partidos de Convergencia Progresista, Andrés Santander (PS), Sebastián Vergara (PPD) y Mauricio Andrews (PR).
En el escrito, establecieron que la reunión "más pareció una reunión de una comisión electoral. Se reunieron en oficinas públicas a discutir el futuro electoral de Chile Vamos".
Asimismo, recalcaron que se configuró un "uso de recursos públicos y tiempo propio para el ejercicio de sus facultades, con el solo objeto de sostener una reunión electoral".
Emplazamientos públicos
En tanto, esta mañana, el secretario nacional de la DC, David Morales, dejó una carta de reclamo en el Palacio de La Moneda dirigida hacia el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
En la misiva, suscrita además por el presidente de la Asociación de Municipalidades y edil de La Granja, Felipe Delpin, exigieron la creación de un instructivo de prescindencia electoral.
También pidieron que se transparente la entrega de recursos a las comunas para evaluar si se está perjudicando a los vecinos de aquellas que están en manos de la oposición.
Por otro lado, nueve alcaldes de la oposición unieron fuerzas y emitieron ayer una declaración pública repudiando el encuentro en la intendencia.
En la misma línea de lo hecho por la DC, exigieron al Gobierno que garantice la
entrega equitativa de recursos para todas las comunas del país.
"Se reunieron en oficinas públicas a discutir el futuro electoral de Chile Vamos"
Convergencia Progresista
La carta fue firmada por Claudio Castro (Renca), Claudia Pizarro (La Pintana), Daniel Jadue (Recoleta), Carolina Leitao (Peñalolén) y Juan Carrasco (Quilicura).
A ellos se sumaron Gonzalo Duran (Independencia), Gonzalo Montoya (Macul), Mauro Tamayo (Cerro Navia) y Sergio Echeverría (San Joaquín).
"Rechazamos de manera tajante la sola posibilidad de que se esté fraguando un proceso de intervencionismo electoral para las próximas elecciones municipales", reza el texto.
Por ello, los ediles emplazaron al Ejecutivo a "separar de sus cargos a todas aquellos que se hayan apartado de los principios de probidad administrativa".
También solicitaron "a todos aquellos funcionarios públicos a utilizar sin arbitrariedad y poniendo en las necesidades de nuestros vecinos los recursos que administran".
"Esperamos que se nos brinden las garantías de que los recursos regionales no serán distribuidos de manera de favorecer a los alcaldes de Chile Vamos", concluyeron.
