SANTIAGO.- Con 114 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara del Diputados aprobó el llamado proyecto Anticorrupción que modifica el Código Penal en cuanto a los delitos de cohecho y soborno, aumentando penas y tipificando nuevos ilícitos.
"Hoy se ha dado un paso fundamental en la lucha contra la corrupción y lo ha hecho el mundo político unido, tanto Gobierno como oposición, el actual Gobierno y el anterior, diputados y senadores. Todos hemos concurrido a crear un verdadero estatuto anticorrupción", señaló el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Dentro de las principales modificaciones del proyecto se encuentran la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las penas aplicables; la incorporación de nuevas figuras dentro de las hipótesis de lavado de activos; además de añadir penas y reglas especiales.
En cuanto a los nuevos delitos establecidos se encuentra el cohecho en razón del cargo, corrupción entre particulares y administración desleal.
Así, el nuevo Estatuto Anticorrupción otorga la categoría de crimen a las figuras más graves del cohecho y soborno -es decir, sanciones que superen los cinco años de presidio-; además de fijar una normativa
especial para que altas autoridades del Estado que incurran en el delito
cumplan condena en cárcel.
"Problemas concretos"
De acuerdo al ministro, la aprobación de la ley "está respondiendo a estándares internacionales que nos eran exigibles. Siento que el mundo político está respondiendo a la ciudadanía, porque en el pasado, tanto por la baja penalidad, como por comportamientos indebidos de distintos sectores, también en el mundo político, se cometieron errores delicados. La única manera de responder era así, diciéndoles eso no va a volver a ocurrir. Hemos fijado estándares nuevos y de esa manera esperamos recuperar la confianza ciudadana".
Consultado sobre por qué hubo tanta demora en endurecer las penas por estos tipos de ilícitos, el secretario de Estado indicó que "como muchas veces ocurre no se había advertido que los tipos penales que estaban sancionados eran insuficientes, hasta que se gatillaron problemas concretos", refiriéndose a los casos que han sido destapados en los últimos años, como Penta y SQM.
Así, también se refirió al escenario que habrían enfrentado algunos de los indagados en las causas por financiamiento irregular de la política: "Muchos de ellos podrían estar en dificultades graves ante la ley".
