El subsecretario dijo que el Ejecutivo no intentará modificar ese punto en la Cámara de Diputados.
El Mercurio
SANTIAGO.- Entre las modificaciones que introdujo ayer el Senado, en acuerdo con el Gobierno, al proyecto de ley Aula Segura se cuenta que la iniciativa –que fortalece las facultades de los directores para expulsar a alumnos que cometan determinados actos de violencia– también regirá en los colegios particulares pagados, y no sólo en los municipales y particulares subvencionados.
Esto generó aprensiones en los colegios privados. El secretario ejecutivo de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Carlos Veas, sostuvo que "si el Estado no financia los colegios privados, entonces no debiera inmiscuirse". "El Estado no pone un peso en esos colegios, entonces debieran tener la autonomía de la que gozan hasta ahora", dijo.
"Se trata de entregarles atribuciones, pero bajo ningún punto de vista afecta la autonomía de los establecimientos"
Raúl Figueroa, subsecretario de Educación
Ante esto, desde el Ministerio de Educación salieron a aclarar que el proyecto no afecta la autonomía de esos establecimientos. "La mención que se hace a los colegios particulares pagados en el Aula Segura mantiene a total resguardo la autonomía de esos establecimientos", aseguró a Emol el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Detalló que el efecto que tiene "es que se le da el carácter de atentado grave a la convivencia escolar a todas las causales que ahí se señalan" (actos de violencia que causen severo daño a la integridad psíquica y física, agresiones sexuales y uso de armas o artefactos incendiarios). "Entonces se entiende que en ese colegio (privado), al igual que para el resto, las conductas descritas en la ley son atentados graves a la convivencia escolar (...) Eso obviamente debe aplicarse a todo el sistema escolar", enfatizó.
La autoridad aclaró que, de todas formas, "para los colegios particulares pagados sigue estando la posibilidad de, en el reglamento interno, establecer las faltas graves y las sanciones asociadas a esa falta. Por lo tanto, la autonomía queda totalmente resguardada".
"Facilita los procedimientos"
El proyecto de ley también establece que el establecimiento tendrá quince días hábiles para emitir una sanción, incluyendo 10 días para que el alumno pueda apelar, y que está la posibilidad de suspender al estudiante mientras se lleva a cabo ese proceso.
Al respecto, Figueroa explicó que la iniciativa "le facilita los procedimientos a los establecimientos particulares pagados". "Se trata de entregarles atribuciones, pero bajo ningún punto de vista se entiende que afecte la autonomía de los establecimientos. Lo que se les entrega es una nueva herramienta que permite aplicar una medida cautelar de suspensión mientras se lleva a cabo un proceso sancionatorio", afirmó.
También aclaró que "la medida de suspensión que se aplique mientras se lleva a cabo un proceso sancionatorio tiene carácter cautelar y, por lo tanto, es compatible con la posibilidad de expulsar a un alumno que incurra en hechos graves que ameriten esa sanción".
Por lo anterior, el subsecretario dijo que el Ejecutivo no intentará modificar ese punto en la Cámara de Diputados, donde continuará la tramitación del proyecto. "Habrá que ver la tramitación, pero para nosotros nos parece que es un acuerdo que abarca todos los aspectos importantes que deben estar legislados", sostuvo.
