SANTIAGO.- Consumo de droga en los pasillos, relaciones sexuales al interior de los recintos, consumo de cigarrillos para "controlar el nivel de ansiedad" relacionado a la adicción y riñas entre los internos. Son solo algunas de las irregularidades que detectó la Contraloría Regional de Valparaíso en los centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la región.
A través de una auditoría que abarcó los periodos administrativos del 2015 a la fecha, y que incluyó el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha y tres recintos ubicados en Limache, el ente contralor detectó una serie de anomalías vinculadas a eventuales vulneraciones en los derechos de los niños, procedimientos de investigación inconclusos e irregularidades en el pago de remuneraciones a funcionarios.
Los antecedentes recopilados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), según informó El Mercurio de Valparaíso.
Ante los resultados, el presidente regional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase), Jorge Borreda, dijo al periódico que las situaciones reveladas "ya son de conocimiento público" y que la entidad trabaja en realizar mejoras en infraestructura, personal y condiciones de trabajo.
"La Contraloría establece un parámetro y es imposible que diéramos abasto con las condiciones de trabajo en que se nos tiene (...) No podemos generalizar por situaciones puntuales que ya fueron sancionadas", aseguró, dirigiendo sus críticas al ex director regional, Esteban Elórtegui, quien a su juicio "renunció sin asumir ninguna responsabilidad".
Desde la actual dirección regional del Sename, aseguraron que trabajan en corregir las irregularidades desde que les fueron comunicadas, como algunos sumarios pendientes, y que algunas medidas denunciadas "quedarán obsoletas producto del nuevo modelo de residencias familiares".
Relaciones sexuales y consumo de drogas
La auditoría reveló que en el caso del Cread de Playa Ancha, algunos Educadores de Trato Directo (ETD) fueron testigos de cómo algunos menores mantenían relaciones sexuales al interior del recinto, lo que no habría sido informado oportunamente al equipo psicológico ni a la asistente social a cargo.
Otro funcionario, quien tampoco comunicó lo que había presenciado, afirmó que "había sorprendido a algunos niños en una interacción muy cercana en términos físicos".
61 Menores no recibieron atención psicológica semanal
Una gran preocupación es el consumo de drogas. El informe reveló que se permitía a niños consumir cigarrillos con el fin de "controlar el nivel de ansiedad que presentan por el habitual consumo de drogas", además de un consumo "en los pasillos" que fue descrito como habitual.
Más antecedentes dan cuenta de una eventual vulneración de derechos: como el caso de una menor que habría sido obligada por el personal a tomar una ducha con ropa y posteriormente habría sido encerrada en un baño.
En total, se registró que 61 menores del recinto no recibieron atención psicológica semanal, que hubo 35 abandonos del sistema y que en 24 oportunidades los menores no fueron llevados al Hospital Psiquiátrico El Salvador.
Irregularidades administrativas
Existen, además, 25 procesos sumariales que superan el año de tramitación. El más antiguo, fechado en mayo de 2014, acumula más de 1.350 días desde su inicio. Es solo una de las anomalías administrativas detectadas en la auditoría.
Otra tiene que ver con las remuneraciones: se comprobó que 12 ex funcionarios recibieron pagos en exceso, hecho que se puso en conocimiento del CDE para que "adopte las medidas pertinentes".
"La Contraloría establece un parámetro y es imposible que diéramos abasto con las condiciones de trabajo en que se nos tiene (...) No podemos generalizar por situaciones puntuales que ya fueron sancionadas"
Jorge Borreda, presidente regional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename
Pero el caso más llamativo es el de una persona que recibió remuneraciones durante todo 2017 sin registrar ninguna asistencia. El informe señala que contaba con 44 horas semanales de "permiso gremial", pero al mismo tiempo se desempeñaba en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) como tutor de prácticas con un contrato por igual cantidad de horas. Más tarde figuraba como jefe de carrera de Educación Parvularia en el mismo plantel, lo que contraviene la legislación vigente.
Además queda consignado un caso de fuga de internos o motín en los centros de Internación Provisoria (CIP) y de Régimen Cerrado (CRC) en Limache, que correspondería a una eventual negligencia con más de 769 días de tramitación.
Por otra parte, queda constancia de extensas jornadas laborales en el caso de once funcionarios, que habrían cumplido entre 13 y 151 horas continuas de trabajo en el servicio. Esto entre otros casos de incumplimiento o abandono de funciones, maltrato o agresión, además de faltas a la probidad.
