El presidente de la Suprema (izquierda) y el ministro Larraín (derecha).
El Mercurio (referencial).
SANTIAGO.- Por casi dos horas se reunieron algunos de los representantes de la instituciones involucradas en la implementación de la
Ley de Entrevistas Videograbadas para menores víctimas de delitos sexuales, la cual busca disminuir el daño que experimentan los afectados al tener que repetir sus testimonios ante distintos actores del proceso penal.
Tras la cita, llevada a cabo en el Ministerio de Justicia, el titular de dicha cartera, Hernán Larraín, aseguró que la normativa aún tiene "ciertos nudos críticos, como es la preparación de los entrevistadores, la preparación de las salas especiales que se van a construir para esos fines, y los protocolos que van a permitir como se procede en cada caso".
Consultado si hay alguna "inquietud" sobre la preparación de los jueces de Familia involucrados en el proceso, respondió: "Me parece extraordinariamente positivo que en esta responsabilidad que todos tenemos (...) todos los actores estén comprometidos en cambiar su procedimiento. Los tribunales ciertamente son uno de ellos; los que administran y tienen estos centros, sean los administrados por el Estado, o por organismos colaboradores del mundo privado, tienen que cambiar sus procedimientos".
Y en esa línea, continuó: "Ciertamente, los jueces de Familia que también supervisan cómo funcionan estos centros tienen que tener una mayor preparación y una mejor dedicación a estos procesos. Creo que estamos avanzando en una buena dirección y yo me alegro de este compromiso judicial también con los menores".
En tanto, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito aseguró que "(los jueces) están provistos de una constante capacitación. Va a haber una capacitación particular sobre estas materias y eso es parte de un programa constante".
El rol del intermediario
Uno de los puntos conversados en la reunión fue el del intermediario, quien es el encargado de facilitar el testimonio del menor durante un juicio oral, además de ser el vínculo entre la víctima y el tribunal.
"Estamos procurando que principalmente sean jueces (de Familia) quienes hagan esa labor, porque si son los fiscales, van a ser objetados por los defensores; si son defensores, van a objetados por los fiscales. Por lo tanto estamos viendo, y ese es el compromiso de asignar por región y por institución quiénes va a hacer las entrevistas videograbadas investigativas, y quiénes van a hacerlas por la vía de la intermediación", explicó el ministro.
Además, reconoció que "donde está más deficitaria la preparación, es en las entrevistas de intermediación. Creo que estamos bastante bien capacitados y con números suficientes en las investigativas -a cargo de funcionarios policiales-, pero en las otras no, y por eso le hemos pedido al Poder Judicial que pueda hacer un esfuerzo especial en ese ámbito".
"(Los jueces) están previstos de una constante capacitación. Va a haber una capacitación particular sobre estas materias y eso es parte de un programa constante"
Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema
En ese ámbito de intermediación, añadió, "es donde quizás el rol del juez no lo obliga la ley, pero quizás la práctica conduce que sean los jueces los que hagan principalmente esa labor y esperamos que así lo asuman. Así se lo estamos pidiendo".
Por su parte, el ministro Brito respondió brevemente sobre este tema que "esa es una resolución que tiene que adoptarse, precisamente esas son las cosas que estamos conversando".
Además, Larraín indicó que hace casi cinco meses fue presentado el reglamento ante Contraloría que aún no toma de razón de este. Aseguró "entender" que se trata de un "reglamento complejo" y que una vez aprobado empieza a regir el plazo de seis meses para la aplicación de la ley, lo que, estima, sería en mayo del próximo año.
"Mañana tenemos una reunión de trabajo en la Contraloría y esperamos apurarla porque esto es lo que nos va a permitir dar el paso final", concluyó.
