SANTIAGO.- Como "Origen 035" fue bautizada la operación llevada adelante con el fin de desbaratar una organización dedicada a la
venta e inscripción irregular de armas en la Región Metropolitana.
Tras una serie de diligencias, los policías de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI concretaron la detención de 31 personas, de las cuales cinco eran funcionarios de Carabineros al momento de los hechos, convirtiéndose en el segundo caso en una semana que compromete a la institución uniformada.
"Se detectó la inscripción irregular de 118 armas de alto poder de fuego, por lo tanto es parte de la investigación continuar con eso y establecer a donde fueron a parar esas armas. Una de ellas fue utilizada en un homicidio del año 2016 en Rancagua, entonces tenemos antecedentes concretos que estas armas están en poder de los delincuentes", aseguró el subprefecto Alejandro Mena.
En esa misma línea, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, explicó que el procedimiento inició a partir de una indagatoria sobre armas que llegaban a poder de infractores: "Esa hebra permitió llegar a una entidad fiscalizadora dependiente de Carabineros que estaba facilitando a través de inscripciones fraudulentas de armas de fuego que posteriormente eran vendidas a los delincuentes".
Se estableció que la venta y papeles de inscripción alcanzaba un valor cercano a los $900 mil, y que, posteriormente, se vendían las armas por $2 millones.
""Los delincuentes saben que hay que obtener las armas, saben con quien tienen que obtenerlas y saben cómo tienen que obtenerlas. Y aquí ha habido funcionarios públicos que han permitido eso"
Fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf
La indagatoria está a cargo del persecutor de Talagante, Heriberto Reyes, quien añadió que entre el armamento comercializado habían Glock de 9 milímetros: "Una paradoja que nosotros encontramos es que estas armas ponen a los delincuentes en una posición de superioridad de fuego frente a carabineros, que masivamente sigue usando armas revólveres Taurus. Eso es lago bien preocupante".
Además, Reyes sostuvo que uno de los implicados es un médico, quien se encargaba de entregar los certificados que acreditaban la idoneidad psíquica que se necesita para inscribir un arma.
"Ese requisito era resuelto mediante una consulta médica que estaba preacordada, siempre era con el mismo siquiatra, todos aprobaban el examen para darle curso al movimiento que ellos hacían para finalmente trasladar las armas a manos de los delincuentes", concluyó.
$2millones podían adquirir los involucrados por cada arma.
La operación, nombrada de esa forma por la unidad a la que pertenecían por los policías, permitió establecer irregularidades en las que tres persona tenían más de 10 armas inscritas, cuando legalmente se establece un tope de dos. De hecho, en un domicilio de la comuna de Padre Hurtado se registraron más de 40.
"Los delincuentes saben que hay que obtener las armas, saben con quien tienen que obtenerlas y saben cómo tienen que obtenerlas. Y aquí ha habido funcionarios públicos que han permitido eso", recalcó Pérez Calaf.
Hace unos días, seis carabineros fueron detenidos por una presunta colaboración con bandas que asaltaban en la zona norte de la capital.
En esta oportunidad, uno de los aprehendidos era un sargento, quien fue dado de baja el día de ayer, mientras que los otros cuatro eran suboficiales en retiro, que seguían ligados a la institución bajo CPR.
