SANTIAGO.- La Defensora de la Niñez,
Patricia Muñoz, condenó esta mañana los episodios de violencia que se vivieron ayer al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde un grupo de encapuchados lanzó bombas molotov hacia la oficina del rector del establecimiento.
Pese a ello, la abogada mantuvo sus reparos al proyecto Aula Segura impulsado por el Gobierno y que iniciará su segunda discusión legislativa en la Cámara de Diputados, luego de ser aprobado con algunas modificaciones por el Senado.
"La situación actual de la legislación permite precisamente suspender a los alumnos o expulsar cuando estos infringen los reglamentos internos en la comunidad escolar, y por cierto, cuando cometen agresiones físicas o psíquicas en contra de miembros de la comunidad escolar", sostuvo Muñoz en entrevista con Emol TV.
"Desde ahí nos parece que hay un uso del proyecto Aula Segura para abordar temáticas que realmente dicen relación con comisión de delitos que hoy día son sancionados por el Código Penal que deben ser investigados y perseguidos por la fiscalía y sancionados por el Poder Judicial", agregó.
Por lo tanto, continuó, "creemos que este no es un proyecto que esté asociado necesariamente a responder a eliminar o erradicar esos comportamientos violentos que desafortunadamente tuvimos que presenciar también el día de ayer respecto a una agresión al director del INBA".
Situación que "nosotros como defensoría condenamos abiertamente y esperamos que quienes lo hayan agredido sean detenidos y perseguidos criminalmente porque lo que han cometido son delitos y no agresiones a la convivencia escolar", enfatizó la abogada.
Ante ello, el rector del INBA, Jaime Uribe, dijo esperar "que más adelante podamos tener mayores instrumentos legales que nos permitan prevenir este tipo de hechos", a lo que Muñoz respondió: "Lo que le pasó ayer es un delito y el director no va a tener las herramientas legales para prevenir delitos, porque ese es un rol que es atribución del Ministerio del Interior a través de las policías".
"Lo que aquí falta es un desarrollo riguroso de la labor que tiene la Superintendencia de Educación en términos de controlar cómo los establecimientos educacionales están aplicando la reglamentación y regulación interna y también administrativa que hoy día les permite realizar acciones como la expulsión y suspensión".
Patricia Muñoz
"Entonces el director no va a poder tener esa función, lo que necesita efectivamente son herramientas administrativas que le permitan suspender o expulsar a alumnos en circunstancias que infringen los reglamentos internos de la comunidad escolar", aseguró, añadiendo que "
esa regulación hoy día existe".
"Lo que aquí falta es un desarrollo riguroso de la labor que tiene la Superintendencia de Educación en términos de controlar cómo los establecimientos educacionales están aplicando la reglamentación y regulación interna y también administrativa que hoy día les permite realizar acciones como la expulsión y suspensión", manifestó.
Igualmente valoró que la versión original de la iniciativa haya sido modificada durante su discusión en el Senado, "porque efectivamente sostuvimos que ese proyecto no resguardaba desde ningún punto de vista el debido proceso".
