SANTIAGO.- Hasta ayer se sabía de tres mercados sobre los cuales la Fiscalía Nacional Económica (FNE) había utilizado su facultad de estudiar las evoluciones competitivas: el de rentas vitalicias, el de notarios y el de medicamentos. Pero el martes puso su lupa en la industria de textos escolares.
Según informó el organismo, el gasto combinado entre Estado y las familias por este ítem asciende a US$ 116 millones y detectó que existe una alta concentración del mercado, repartiéndose dos empresas el 80% de las ventas.
En el segmento privado, en tanto, las editoriales estarían obteniendo ventas supra competitivas: un texto de similares características puede costar en promedio 29 veces más en este mercado que en el estatal, llegando incluso a 40 veces en algunos casos.
"Nuestra acción puede tener un impacto social bastante profundo, porque no es trivial el precio, el contenido y la calidad que tengan los textos escolares, que son un insumo clave en la educación de nuestros hijos. Este estudio va a abrir una oportunidad para encontrar formas de profundizar la competencia, para que así no sólo podamos acceder a precios más bajos, sino también a textos de mejor calidad", señaló el fiscal nacional económico (s), Mario Ybar.
Un mercado "altamente" concentrado
En ese escenario, el antropólogo de la Universidad de Chile y director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar, analizó con Emol esta problemática, y entregó algunas posibles soluciones para bajar los precios de textos escolares, impulsar un mercado más competitivo y velar por la calidad de los libros de contenido estudiantil.
"Este mercado está dividido en dos: el público y el privado. El público opera mediante un sistema de concesiones y el privado mediante la demanda de libros por parte de los colegios a los padres. A pesar de que los contenidos de ambos sectores son prácticamente los mismos, el segundo podría tener precios más elevados por razones de menor volumen, mayor calidad del papel y los servicios vinculados al texto", explicó.
"Sin embargo, ninguno de estos factores ni la suma de todos ellos podrían explicar la enorme diferencia de precios existentes. Es claro que estamos ante un mercado fuertemente concentrado, con diversas fallas", recalcó.
"El Estado está comprando el derecho a usar una y otra vez los mismo contenidos, en vez de adquirir dichos contenidos y hacerlos públicos".
Pablo Ortúzar
El defecto
"central" en el mercado privado, continuó, al igual como lo expresó la FNE, "es que son los colegios los que eligen los libros y los piden a los padres, por lo que el costo de sus decisiones no recae sobre ellos mismos, lo que incentiva una serie de distorsiones". Se suma la exigencia de las editoriales a que las familias compren "libros del año", lo que, a juicio de Ortúzar,
"no tienen ningún fundamento".
Mientras que el problema del mercado estatal es que las editoriales grandes que ya han ganado concesiones anteriormente "corren con una gran ventaja, porque la concesión es respecto al libro completo, y ellas ya cuentan con los contenidos ajustados al currículum y manejan mejores costos de impresión".
Otra crítica, sostuvo, es que "el Estado está comprando el derecho a usar una y otra vez los mismo contenidos, en vez de adquirir dichos contenidos y hacerlos públicos".
Es por ello que Ortúzar estima que en ambos casos existen deficiencias que hacen que la competencia no sea por la calidad de los textos, sino por abaratar costos, en caso de las concesiones, "o ganar el favor de los colegio mediante 'estímulos'", en caso de los privados.
Comparó esto último con lo que sucede respecto a las prescripciones médicas. "El asunto opera bajo la misma falla: el médico no paga el remedio que prescribe y los colegios tampoco los libros que piden. Eso hace que cualquier incentivo 'extra' que pongan las editoriales o farmacéuticas -que puede ser desde libros para la biblioteca escolar hasta capacitaciones- sea bienvenido".
Eventuales soluciones
Tras hacer el diagnóstico del problema, Ortúzar propuso algunas soluciones. Así en el caso del mercado público, explicó que sería necesario que "el Estado adquiera contenidos y licite por separado la impresión".
"Y también que esos contenidos los ponga bajo dominio público, de tal manera que si un colegio privado decide trabajar con material de las editoriales sea porque hay realmente una mejor calidad en lo ofrecido", apuntó
el médico no paga el remedio que prescribe y los colegios tampoco los libros que piden. Eso hace que cualquier incentivo 'extra' que pongan las editoriales o farmacéuticas -que puede ser desde libros para la biblioteca escolar hasta capacitaciones-, para que prefieran sus productos sea bienvenido".
Director de investigación de IES Chile: "El asunto opera bajo la misma falla
"La publicidad también permitiría que haya un debate más amplio sobre la calidad de esos contenidos, todo lo cual es muy beneficioso", acotó.
Por último enfatizó en la urgencia de "prohibir que se puedan pedir en los establecimientos privados libros 'del año'. Se puede usar un margen de cinco años, por ejemplo, ya que los contenidos son los mismos".
