SANTIAGO.- Divisiones ha generado al interior de la Corte Suprema la decisión de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) de entregar asilo político al ex frentista
Ricardo Palma Salamanca.
Tras los dichos de
Guillermo Silva, vocero del máximo tribunal, el cual declaró que aceptaba "
la autonomía e independencia del Estado de Francia", y las críticas que le siguieron de parte de Chile Vamos, el magistrado aclaró a "
El Mercurio" que sus afirmaciones eran a título personal y que la Suprema "no ha tomado ninguna posición en este caso" ya que no se han reunido desde el miércoles de la semana pasada.
Sin embargo, las primeras declaraciones de Silva no son compartidas por algunos ministros. Carlos Aránguiz advirtió que su posición personal -y la de otros colegas con los que ha conversado- es absolutamente contraria a lo manifestado por el magistrado.
"El otorgamiento de asilo político a un condenado por la justicia chilena actualmente prófugo -y aunque ello se busque atenuar con que el expediente correspondería a la decisión de un ente administrativo autónomo- implica no solo un desaire inaceptable de una decisión autónoma de un Poder Judicial inmerso en un Estado democrático, sino que una muy mala señal internacional respecto de la colaboración mundial contra el terrorismo", sentenció el supremo.
Por su parte, el juez Arturo Prado manifestó que "así como reconocemos y respetamos la soberanía del Estado francés, debemos ser firmes y categóricos en defender con energía el normal funcionamiento de nuestras instituciones".
La noche de este domingo, el Presidente Piñera confirmó que el Gobierno continuará con las gestiones ante Francia y enviará hoy una carta a su par Emmanuel Macron para conversar sobre el tema.
