En el Liceo Barros Borgoño actualmente hay 20 alumnos notificados de expulsión, que están apelando.
El Mercurio/Archivo.
SANTIAGO.- Un apoyo generalizo a la aprobación de la ley "Aula Segura" expresaron los directores de los colegios públicos de Santiago. Pero entre ellos, una de las más efusivas en valorar la nueva normativa fue la directora del Liceo Manuel Barros Borgoño, Lilian Vicent.
"Estoy muy agradecida de esta ley, porque es una herramienta muy poderosa, especialmente para estos alumnos violentistas que no quieren cambiar", afirma.
Al borde de la emoción, la docente relata la complicada situación que se vive al interior de ese liceo. "Personalmente, una bomba detonó en mi oficina, estoy amenazada de muerte a causa de estos alumnos violentistas, nuestra familia está amenazada (...) Tenemos asistentes de la educación, al subdirector que ha sido rociado con bencina, que se les ha intentado prender fuego, y tenemos que convivir día a día con estos alumnos", asegura.
Dice que el problema "no sólo son las tomas, sino que día a día teníamos corta calles, y tenemos que suspender y despachar (a los alumnos) a causa de las manifestaciones violentas". "Los alumnos buenos están amedrentados por este pequeño grupo de alumnos violentos, por eso no se atreven a decir nada y no tienen voz", agrega.
Cuenta que esto no viene sólo de los estudiantes, sino que tienen antecedentes de que hay apoderados que los apoyan. "Tenemos videos que los alumnos encapuchados se visten y fabrican sus bombas molotov en el centro de padres", asegura.
Dice que a la presidenta del centro de padres se le debió cancelar su condición de apoderada ya que "agredió a la inspectora general con una cadena" y "ha agredido a asistentes de la educación; tenemos seis funcionarios con licencia psiquiátrica debido a los hechos".
"Somos un centro educacional, no un centro de justicia"
Por todo lo anterior, la directora valora la nueva ley, señalando que "es un respaldo", ya que "tenemos que tomar las medidas sí o sí y esto lo saben los alumnos violentos".
En especial, destaca que acelera la duración de los procesos y que permite suspender a los estudiantes mientras se realiza la investigación. "(Hasta ahora) a pesar de que sufrimos agresiones físicas y psicológicas, teníamos que estar día a día ahí con ellos en el aula (...) (Ahora) podemos salvaguardar a la víctima", afirma.
La directora reconoce que los alumnos violentos "necesitan educación" y que "el Ministerio de Educación se va a preocupar de ellos y los va a reubicar en un establecimiento de acuerdo a sus necesidades". Pero remarca que "nosotros no tenemos las herramientas para trabajar con estos alumnos violentos. Somos un centro educacional, no un centro de justicia".
Según los datos que entrega la directora, actualmente en ese liceo hay 20 alumnos que han sido notificados de expulsión y están apelando; mientras que otros 15 se encuentran aún en proceso y no han sido notificados de una sanción.
En tanto, dice que cerca de 120 alumnos abandonaron este año ese establecimiento a causa de la violencia.
