SANTIAGO.- Una millonaria compensación tendrá que saldar el Estado luego que se reconociera su responsabilidad en el fallecimiento de un reo del penal Colina II en 2015, tras ser agredido por otro recluso.
El 5° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por los familiares de Josimar Patricio Pereira Hurtado en contra de Gendarmería, debido a la falta de servicio de la institución penitenciaria al no disponer de las medidas de seguridad necesarias para evitar las agresiones entre internos.
La magistrada María Soledad Jorquera Binner estableció "que contrastando las medidas de seguridad adoptadas por Gendarmería de Chile con las obligaciones impuestas por la ley y el reglamento respectivo (...) resulta forzoso concluir que el servicio cuestionado no dio cumplimiento al deber general de establecer un sistema de vigilancia que garantice la seguridad de los internos, como tampoco dio cumplimiento a la obligación de cuidar el desplazamiento de los internos de unas dependencias a otras".
"El ataque se produjo por la falta de medidas seguridad en el desplazamiento del interno fallecido"
Fallo del 5° Juzgado Civil de Santiago.
En su defensa, los familiares de Pereira, quien se encontraba en la cárcel desde octubre de 2013 cumpliendo una pena de robo con intimidación, recalcaron la peligrosidad con la que es conocida el recinto, siendo el "más riesgoso de Chile, y el quinto en Latinoámerica", con la "tasa más alta del país en cuanto a la cantidad de armas blancas artesanales que fabrican los reclusos"; y que pese a esto no se habían tomado medidas necesarias.
A comienzos de 2015, Pereira fue agredido en piernas y manos en un confuso enfrentamiento. Había recibido amenazas las cuales fueron comunicadas por su hermano a Gendarmería. Ya en marzo de ese año, el recluso fue atacado por otro reo que aún no ha sido identificado cuando regresaba a su celda, falleciendo de una herida en su cabeza.
Posteriormente, la institución allanó el módulo en cuestión, encontrando 55 armas blancas.
Ante la situación, el juzgado consideró que "el daño moral sufrido por los demandantes es consecuencia de la falta de servicio en que incurrió Gendarmería, debiendo rechazarse la defensa de éste último en orden a que la muerte se debió a la herida punzante efectuada por terceros, por cuanto el ataque se produjo por la falta de medidas seguridad en el desplazamiento del interno fallecido".
Así, se ordenó el pago de $20 millones a cada uno de los padres y $10 millones para cada uno de los hermanos del fallecido.
