SANTIAGO.- A las nueve de la noche del domingo empezó el ruido. Cientos de personas golpeaban ollas en distintos puntos de Santiago y del país para protestar por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y por la destrucción de pruebas por parte de Carabineros que se había conocido horas antes. Se cuestionaba el actuar del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del intendente de La Araucanía, Luis Mayol.
Desde Auckland, Nueva Zelanda, el Presidente Sebastián Piñera abordó la situación del primero antes de regresar a Chile. "Con respecto al ministro del Interior y Seguridad Pública, quiero recordar a mis compatriotas que ese es un cargo de la exclusiva confianza del Presidente de la República, y el ministro del Interior y Seguridad Pública cuenta con mi total confianza", aseguró.
Pero los ánimos dentro del mundo político están lejos de calmarse. Este martes, la oposición presentará las firmas necesarias para dar curso a una interpelación al ministro, y los presidentes de los partidos que conforman Convergencia Progresista aseguraron que no descartan acusarlo constitucionalmente.
El presidente de la DC, Fuad Chahín, también tuvo críticas para el rol del intendente, quien, considera, "imprudentemente se apresuró en confirmar, sin ninguna investigación previa, que Camilo Catrillanca había participado en el robo de los autos y posteriormente, muerto en un enfrentamiento".
Desde el PPD, la diputada por la zona Andrea Parra lamentó la gravedad de los hechos. "Llamo no solo a asumir la responsabilidad policial, sino que también a asumir la responsabilidad política. El Ministerio del Interior y la Intendencia han sido irresponsables, blindaron a Carabineros sin tener todos los antecedentes", afirmó.
Fuera del Congreso y desde la vereda académica, los analistas políticos también empiezan a apuntar a responsables. "Cuando era candidato, Piñera propuso el Plan Araucanía. Si alguien inocente muere, claramente no es una solución al conflicto", dice el doctor en Ciencia Política, Kenneth Bunker.
El rol de Interior
"La responsabilidad es política, es del Gobierno, de toda la estructura que decidió que esta era la forma de aproximarse al conflicto en La Araucanía", añade Bunker. "No basta con pedir la renuncia a un general y a las personas involucradas de las FF.AA: los políticos también deben asumir su culpa. Si bien no es directa, tienen responsabilidades y hay que mostrar que van a ser sancionados también".
Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile,
Verónica Figueroa Huencho, lo político en la responsabilidad del hecho se funda en que Carabineros no es una institución autónoma, sino que depende del Ministerio del Interior. "Entendiendo la lógica de nuestro sistema institucional y administrativo, que está basado en la jerarquía, claramente hay una responsabilidad que es imposible delegar", dice.
"No va a haber un cambio de gabinete, porque si lo hubiera, entonces el Presidente estaría reconociendo que toda la estrategia para 'pacificar' La Araucanía es un fracaso. Por eso no va a sacar ni a Chadwick ni a Ubilla, va a resistir hasta el final"
Mauricio Morales
Además señala otro factor. "Esto es consecuencia de una política de larga data, que lleva al menos unos 10 o 12 años implementándose, quizás la única política de Estado que hay en Chile, de visualizar las demandas de los pueblos indígenas desde la lógica de la seguridad", comenta.
Para el director del Centro de Análisis Político de la U. de Talca, Mauricio Morales, la responsabilidad política existe y "cae directamente en el Gobierno como institución, en el Presidente como figura y en el ministro Chadwick y el subsecretario Ubilla como representantes del Gobierno en materias de seguridad pública", señala.
Añade, además, que existen dos formas de analizar el conflicto. "Si yo estoy a cargo de la seguridad pública del país y hay un error de estas características, entonces no me queda otra que dar un paso al costado", dice. Esa es la primera.
"Pero la segunda es que, si bien estoy a cargo, en ningún caso intervine para que se destruyera evidencia. Si bien tengo responsabilidad política, no tengo responsabilidad administrativa, y considero que los castigos y sanciones deben ir contra quienes violaron la ley. Me parece que esa es la que está sosteniendo Piñera", asegura.
La demanda por las renuncias
Lo que se pedía durante el cacerolazo era la salida del ministro y del intendente, algo que a juicio de los tres analistas resulta poco probable. "No va a haber un cambio de gabinete, porque si lo hubiera, entonces el Presidente estaría reconociendo que toda la estrategia para 'pacificar' La Araucanía es un fracaso. Por eso no va a sacar ni a Chadwick ni a Ubilla, va a resistir hasta el final", dice Morales. "Pero lo concreto es que, bajo otras circunstancias, ambos personeros debiesen haber renunciado de inmediato".
Para dar su opinión, Figueroa hace un pequeño recuento de la historia chilena reciente. "Los gobiernos anteriores por lo general han estirado el elástico lo más posible para no sacar autoridades ni responsabilizarlos de manera política y uno entiende que tomar la decisión de sacar figuras muy cercanas es muy complejo para los presidentes", señala.
Como no cree que se vaya a efectuar la salida de ninguna de las dos autoridades, cree que la crisis "requiere de demostraciones de confianza sustantivas": "Se hace necesario sacar la política indígena del Ministerio del Interior y sacar, por supuesto, al Comando Jungla. Eso podría servir para restaurar algún nivel de confianza, para empezar a dialogar. Si no, lo que vamos a evidenciar es que va a traer un rechazo absoluto no solamente de los pueblos indígenas, sino de la sociedad en general", comenta.
Bunker, en cambio, no considera que la solución venga de la mano de las renuncias. "No son directamente responsables, como lo han sido otros ministros que han tenido que salir, pero sí creo que deben dar explicaciones y creo que la mejor forma es en Congreso, donde los representantes de los chilenos puedan preguntarles qué pretenden hacer en La Araucanía", explica.
"Es algo que tenemos que saber. Esto no puede hacerse en secreto porque tiene efectos sobre todo el país, no es irrelevante conocer exactamente lo que está haciendo el Gobierno, y si bien no amerita que salgan, sí debiesen dar explicaciones en algún lugar que no sea la prensa. Debieran no solo hacerse responsables, sino hacerlos responsables. Es una oportunidad precisa para que se interpele al ministro del Interior", dice.
Chadwick al banquillo
De materializarse la interpelación, la encargada de dirigirla será la diputada Emilia Nuyado Ancapichún, la primera parlamentaria de origen mapuche-huilliche. Por eso, para Figueroa, se tratará de una instancia simbólica. "Ella tiene una larga trayectoria en el movimiento indígena y es esperable que vaya a los temas sustantivos y no solamente a las responsabilidades que caben por este hecho en particular", opina.
"La Cámara tiene la facultad de interpelar y fiscalizar los actos del Ejecutivo y sobre todo instar a que se realicen cambios profundos, en este caso en la política indígena. Es simbólico que sea una mujer y que sea mapuche, sobre todo a un ministro que representa a un sector que ha definido la política indígena en las últimas décadas", añade.
"Se debiese pensar seriamente en destituir al intendente o de lo contrario él debería renunciar, porque si bien no tiene una responsabilidad política, se involucró de una manera que lo convierte en un interlocutor que no es válido"
Kenneth Bunker
En tanto, Bunker ve la instancia con buenos ojos. "Lo correcto es que tenga que dar explicaciones a todo un país. Creo que debe dar respuestas. Si se habla de que la culpa es de Carabineros y que el Gobierno no tuvo ninguna incidencia, eso abre el problema de que el Gobierno no tiene control sobre Carabineros, que me parece que es el problema principal", dice.
Sin embargo, a pesar del simbolismo que representa la diputada Nuyado, tiene algunos reparos con que sea la encargada de la interpelación. "Hay preguntas muy importantes que se tienen que hacer aquí y quizás un político de mayor experiencia podría hacerlo de mejor manera", teoriza.
Morales, en cambio, se opone totalmente a la interpelación pues considera que moverá el foco de la discusión. "Es lo peor que puede hacer la oposición", señala. "Lo único que va a hacer es transformar algo tan grave y delicado en un simple show mediático. Lo que arriesgan es farandulizar un tema que hoy es el más importante de la agenda pública. Las interpelaciones son utilizadas en el ánimo de incomodar a los gobiernos, no de resolver problemas, y lo que se requiere en este caso es la resolución y la toma de decisiones", señala.
"Además arriesga algo grave, que es dividirse", añade. "Es probable incluso que algunos miembros de la oposición no apoyen la interpelación porque piensen lo mismo: que este es un tema nacional, que no se trata de un tema de personas".
La figura de Mayol
Con respecto al rol del intendente Mayol, los juicios son crudos, sobre todo debido a las declaraciones que realizó inicialmente, respaldando a Carabineros y señalando que Catrillanca tenía "antecedentes penales" y que había participado del robo, lo que posteriormente ha sido desmentido.
"Es un error que muestra la descoordinación que existe y la ineptitud para enfrentar este tipo de conflictos, que son graves. Se debiese pensar seriamente en destituir al intendente o de lo contrario él debería renunciar, porque si bien no tiene una responsabilidad política, se involucró de una manera que lo convierte en un interlocutor que no es válido. Mantenerlo en el cargo traería más problemas que soluciones", señala Bunker.
Morales considera que el error del intendente fue "anticiparse a los resultados" y "apoyar más la tesis de Carabineros que la de los comuneros mapuche". "Más que renunciar, él debiese declarar que en realidad se confió, se equivocó y que reconoce que lo que hizo Carabineros fue, en la práctica, una ejecución", apunta.
"El ambiente está muy crispado para declaraciones como las que él hizo, que poco contribuyen. Alguien podría pensar que por el hecho de haber confiado más en la versión de Carabineros, que finalmente resultó ser falsa, debería renunciar, pero si uno lo analiza con paños fríos, ese fue su único error. No veo espacio para que renuncie, ni siquiera para que le pidan hacerlo, más allá de las presiones que puedan existir por el lado de la oposición", añade.
Para Figueroa, los argumento utilizados por el intendente funcionaron en otra época. "En los ‘90 la estrategia era centrar la desconfianza en los movimientos indígenas y en la figura de algunos comuneros, pero eso ya no resiste ningún análisis porque hay mayor conocimiento y sensibilidad respecto de las demandas indígenas, pero también una mayor desconfianza de la institucionalidad del Estado", dice.
"Yo creo que las autoridades políticas tienen que ser diez veces cuidadosas y filtrar diez veces las declaraciones antes de hacerlas, porque demuestran una desprolijidad, una liviandad en la argumentación y una irresponsabilidad", concluye.
