SANTIAGO.- "Lo único que quiero señalar es que nosotros esperamos poder trabajar con policías que se ajusten sus procedimientos a las normas legales".
Con duras palabras, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a las investigaciones que lleva adelante el ente persecutor a raíz del fallecimiento del comunero Camilo Catrillanca (24), caso en el que Carabineros admitió haber grabado el confuso procedimiento que terminó con la vida del joven, además de haber destruido los archivos.
Así, el fiscal añadió que "en un estado democrático de derecho es fundamental que todos los órganos de la policía y que tengan que ver con la investigación de la persecución penal se ajusten estrictamente a las normas de el estado de derecho y eso es lo que pretendemos reclamar".
Aseguró también que la situación "nos defrauda. Nos defrauda sinceramente que dentro de poco tiempo ya tengamos dos episodios en las cuales ha sido el propio Ministerio Público el que ha podido detectar inconsistencias en las actuaciones de parte de carabineros", aludiendo a la manipulación de evidencia que habría ocurrido por parte del equipo de inteligencia policial en la llamada "Operación Huracán" y que fue conocida a principios de año.
Por aquel caso, la fiscalía ha formalizado a más de diez ex funcionarios policías, incluyendo al general (r) Gonzalo Blu, hoy en prisión preventiva.
Pese a lo anterior, Abbott precisó que Carabineros es una institución compuesta por más de 60 mil funcionarios y que "los problemas que podamos tener localizados en una región o respecto de pocas personas, no habla de toda la institución. Tenemos confianza, la esperanza de poder superar estos momentos que son complejos, pero tenemos también la convicción y la decisión de estar siempre pendientes respecto de la información que nos entregue cualquier de los auxiliares que trabajen junto al Ministerio Público".
El fiscal nacional llegó a la zona para reunirse con los persecutores de la Unidad de Derechos Humanos que indagan las circunstancias del fallecimiento de Catrillanca, además de una obstrucción a la justicia, con el fin de entregar el apoyo de la institución.
Aseguró que hasta el momento se han tomado más de 50 declaraciones en la causa y que "se tomarán declaraciones a todas las personas que sean necesarias". Además, que aún no cuentan con los peritajes balísticos y que por el momento se están llevando a cabo diligencias para dilucidar los hechos.
También, indicó que el caso es "absolutamente prioritario" al ser "particularmente grave", y que no se ha reunido con el general director de la institución, Hermes Soto, para discutir la situación.
