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Más de 10 mil familias extranjeras han recibido subsidios de arriendo o vivienda definitiva

Desde 2006, las cifras de la ayuda entregada por el Estado se han cuadruplicado. En paralelo, municipios trabajan por combatir las dinámicas abusivas en las que se suele arrendar a extranjeros.

05 de Diciembre de 2018 | 09:25 | Por Consuelo Ferrer, Emol
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El Mercurio (imagen referencial)
SANTIAGO.- Diana Loren llegó a vivir a Chile desde Colombia hace cinco años. "Me vine por la inseguridad que vivía en mi país, para darle un futuro a mis hijos: yo quiero que estén en un país donde estén seguros", afirmaba a fines de 2017, año en que accedió al subsidio habitacional que le permitió adquirir una vivienda definitiva. Fue la primera en su familia en tener casa propia.

Según las cifras que maneja el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se ha entregado 10.803 subsidios a extranjeros en distintos programas habitacionales. La cifra se ha multiplicado de manera acelerada: si en 2016 los beneficios otorgados fueron 482, en 2015 llegaron a 1.673, un monto cuatro veces mayor.

Es una realidad en la que ahonda un estudio de Fundación Vivienda que basó su análisis en el Censo de 2017. De acuerdo a los datos, los extranjeros representan el 12,8% de la población que no cuenta con casa propia. De ellos, 27 mil familias viven como "allegados", 10 mil núcleos están "hacinados" y más de 8 mil grupos familiares habitan en inmuebles calificados como "irrecuperables".

De acuerdo a la encuesta Casen 2015, 44,5% de los extranjeros que han accedido a un subsidio lo hicieron al de Sectores Medios, 20% al del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, 21% al de Protección del Patrimonio Familiar y 14% al Programa de Subsidio de Arriendo. Dicha medición contabilizaba 465 mil extranjeros en Chile, pero la cifra más reciente del Gobierno se eleva a 1.119.267 migrantes.

"El problema que tienen los migrantes es compartido con muchos chilenos: en las ciudades donde están las oportunidades laborales no existe una oferta habitacional transitoria digna a un precio razonable", explica a Emol el investigador asociado del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios de la U. Alberto Hurtado, Pablo Valenzuela.

El problema habitacional


Valenzuela cuenta un ejemplo que le tocó conocer hace pocos días: el de una mujer venezolana que tenía tres panaderías y llevaba tiempo residiendo en Chile. Para poder arrendar, le pedían documentar 12 cheques por adelantado.

"La situación se agudiza para los extranjeros porque no cuentan con los requisitos habituales que se pide a las personas en el mercado formal de arriendo, como antecedentes bancarios, contratos de trabajo o comprobantes de ingreso", cuenta Valenzuela.

"La situación se agudiza para los extranjeros porque no cuentan con los requisitos habituales que se pide a las personas en el mercado formal de arriendo, como antecedentes bancarios, contratos de trabajo o comprobantes de ingreso"

Pablo Valenzuela
Como se ven imposibilitados de presentar esa documentación, gran parte de la población migrante entra al mercado del arriendo informal. Popularmente, a esa práctica se le conoce como "abuso habitacional". "Pagan en torno a 2 o 5 UF más que un chileno por piezas de muy mala calidad y sin contrato de arriendo, a menudo desconocen al dueño, reciben un 'vale' por los pagos y están en total desprotección", dice Valenzuela.

La dinámica que se genera en torno a esos arriendos se transforma en un problema urbano, porque interfiere con la calidad de vida de los barrios debido al hacinamiento: si en un espacio donde deberían habitar cinco personas viven veinte, el ruido y los desechos se multiplican por cuatro.

"Eso va friccionando la convivencia y como las ciudades en Chile son segregadas, esta realidad se ha acumulado en ciertos barrios", dice. Según las cifras que maneja, en Independencia hay un 31% de migrantes y en Santiago un 28%.

Se trata precisamente de dos comunas con las que Valenzuela ha conversado sobre vías que podrían ayudar a solucionar el problema, y que son complementarias a las que tiene el Minvu.

El rol de los municipios


El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, notó hace tiempo que en las casonas antiguas de la comuna se generaban "viviendas colectivas", donde los migrantes vivían de manera irregular, a menudo en malas condiciones y hacinados. Por eso, amparado en las herramientas que el Minvu provee a los municipios para soluciones habitacionales, busca ponerle un freno a esa realidad.

"Estamos tratando de generar instrumentos que permitan la subdivisión de esas viviendas de manera regular, para generar alternativas de vivienda intercultural", explica el jefe comunal a Emol. Se trata de una de las iniciativas de lo que él llama una "batería de proyectos" con los que busca enfrentar la situación que viven los extranjeros en la comuna.

Existe, además, un proyecto de viviendas para arriendo que está avanzado en su construcción y que tiene dentro de sus objetivos lograr integración entre habitantes históricos de la comuna y población migrante. La fórmula para definir cómo se otorgarán los arriendos todavía es materia de estudio.

La tercera iniciativa es generar en un conjunto de terrenos residuales, que son efecto de otros proyectos urbanos, nuevos proyectos de construcción de viviendas que incorporen la modalidad intercultural. "Estamos pensando en un conjunto de soluciones habitacionales que incluyan hacerse cargo de esta dimensión", asegura.

Como Independencia, Recoleta y Santiago también avanzan en proyectos que buscan cumplir con el mismo fin. Amparados en la glosa 3 del presupuesto del Minvu, que permite transferir recursos al municipio para construir viviendas que posteriormente se oferten en arriendo, han incluido esta dimensión en las llamadas "inmobiliarias populares".

Para Valenzuela, se trata de un camino que ayuda a destrabar el problema, que hoy "necesita de una mayor flexibilidad y una mayor capacidad de innovación". "Hay que sacarse el paradigma de que la vivienda tiene que ser en propiedad, permanente y para siempre. Los procesos de asentamiento y arraigo exigen una política habitacional que reconozca que esto avanza por etapas", asegura.

Por eso menciona otras dos vías que, a su juicio, pueden ser una solución: que el Minvu cree, junto a los municipios, lugares transitorios de alojamiento que funcionen como residencias temporales, y que una tercera figura, como una ONG, materialice un arriendo con fondos del ministerio para subarrendar a extranjeros, lo que podría suprimir el carácter abusivo y los riesgos que hoy enfrentan para encontrar una solución habitacional.
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