Imagen del operativo del 14 de noviembre en que murió Camilo Catrillanca.
Pantallazo Poder Judicial
SANTIAGO.- El abogado de dos de los cuatro ex funcionarios del Gope formalizados por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de
Camilo Catrillanca apeló a la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantía de Collipulli hace una semana.
En el escrito remitido al tribunal de alzada de Temuco, el litigante de la Defensoría Penal Pública, Patricio Salinas, solicitó revocar la prisión preventiva que pesa sobre el ex suboficial Patricio Sepúlveda y el ex cabo primero, Braulio Valenzuela, ambos formalizados por obstrucción a la investigación.
Así, Salinas indica que el delito por el que están siendo indagados sus representados está asociado a una pena que va desde los 61 a 540 de presidio, o al pago de una multa entre 97 y 580 mil pesos.
Y agrega: "A mis representados les favorece la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, es decir, su irreprochable conducta anterior".
En esa línea, indicó que en la audiencia del 30 de noviembre el tribunal acogió la cautelar solicitada por el Ministerio Público debido a que la magistrado Sandra Nahuelcura consideró la existencia de "sospecha fundada y grave" de que ambos puedan "obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba o pudieran inducir a coimputados, testigos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal", según constata el acta de la cita.
Ante esto, la DPP aseguró a la Corte que "no existe en la resolución que privó a mis representados de libertad ninguna diligencia precisa y determinada que eventualmente pudiera entorpecer u obstaculizar alguno de los imputados recurrentes, recalcando además la pena a la que podrían verse sujetos los ex uniformados del Gope.
Además, añadió que "resulta absolutamente desproporcionado pretender la privación de libertad de mis
representados cuando, de ser condenados, cuestión que a estas alturas resulta del todo aventurado
sostener por el Ministerio Público, la máxima sanción posible es de presidio menor en su grado".
En un principio, los cuatro formalizados aseguraron ante la fiscalía que el procedimiento que terminó con el deceso del joven comunero de 24 años no había sido registrado. Dicha versión se derrumbó cuando el Gobierno aseguró que sí habían imágenes, las cuales fueron destruidas.
