SANTIAGO.- Se acerca una nueva temporada de verano, momento en que se concentra la mayor cantidad de turistas en los diversos destinos que ofrece Chile. Su paso trae importantes beneficios económicos para estos sitios, pero en ocasiones también genera un negativo impacto medioambiental que desde ahora se intentará frenar a través de una normativa.
El pasado lunes 10 de diciembre comenzó a regir la ley que modifica el Código Penal y tipifica como falta ensuciar playas, riberas de ríos o lagos, reservas y parques nacionales, monumentos naturales u otras áreas de conservación de la biodiversidad declaradas bajo protección oficial; acciones que serán sancionadas con multas que van desde 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) -es decir desde $48.353 hasta $193.412-.
En palabras del ministro de Bienes Nacionales,
Felipe Ward, esta medida busca "sancionar un mal hábito individual que repercute y ocasiona daño a la comunidad en general y, a la vez, permite educar a la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente".
"Esta herramienta nos permite cuidar los lugares donde muchos chilenos disfrutan las vacaciones y castigar a quienes no lo hagan. Todos queremos disfrutar de nuestros días de descanso en un ambiente limpio", comenta el secretario de Estado.
La medida dará mayores atribuciones a los Carabineros, quienes encabezan la labor de fiscalización. Sin embargo, también se espera que las municipalidades y los ciudadanos puedan hacer denuncias en el caso que sean testigos de un acto que daño los lugares anteriormente mencionados.
En esa línea, expertos en esta materia entregaron a Emol su visión sobre la normativa, sopesando sus beneficios y también las trabas que se podrían tener durante su puesta en marcha.
El foco en la 'criminalización'
El especialista en medio ambiente y consultor de la empresa WSP, Francisco Nomez, tiene algunos reparos con la iniciativa, ya que considera que puede funcionar como una "señal", pero no cree que con ella se pueda generar un verdadero cambio de conciencia en la sociedad.
"Yo creo que podría tener un efecto más bien a nivel simbólico, como a nivel de decir que algo no está correcto, pero no veo mucho el aterrizaje en términos prácticos para que efectivamente se logre una descontaminación de las playas, de los ríos, de los sitios prioritarios", señala el profesional.
"En el fondo se corre un gran riesgo de no tener efectos en la práctica si es que esto no se hace en conjunto con programas de educación ambiental o no se ponen recursos para que la gente y la misma ciudadanía pueda participar"
Francisco Nomez, experto en medio ambiente y consultor de la empresa WSP
A su juicio, la principal problemática radica en que está errado el punto donde se está concentrando la ley: "Yo creo que el foco está un poco equivocado porque está muy centrado en la criminilización (...) esto debería estar más orientado hacia las políticas públicas con la gente, con la comunidad y con los distintos actores, como las empresas".
"En el fondo se corre un gran riesgo de no tener efectos en la práctica si es que esto no se hace en conjunto con programas de educación ambiental o no se ponen recursos para que la gente y la misma ciudadanía pueda participar", agrega.
Por su parte, el doctor Sergio Peña, especialista en derecho ambiental y académico de la U. Mayor, cree que esta "sin duda es una medida positiva, pero el problema está en los detalles, en la implementación". Al respecto, explica que las problemáticas podrían ser consecuencia del valor de las multas y las dudas que quedan entorno a la fiscalización.
Además, enfatiza en que "esta norma no solamente se refiere a los veraneantes que van a las playas, que es cierto hay que 'asustarlos' porque van en masa, pero tan importante como eso son los veraneantes que van a los parques nacionales, los que van a todos estos lugares escénicos que tienen antiguas esculturas rupestres (...) es para todos igual, todos los lugares deben quedar limpios".
Las críticas al proceso
Otro de los cuestionamientos que ha surgido en relación a esta iniciativa es lo extenso que puede llegar a ser el trámite para que finalmente se concrete el castigo, ya que las multas no pueden cursarse in situ, sino que primero la denuncia se hace en el Ministerio Público para posteriormente pasar a un Tribunal de Garantía, en donde será un juez quien determinará la sanción.
Frente a esta situación, Peña explica que "el procedimiento puede ser engorroso, pero es el procedimiento que hay. Si nosotros quisiéramos un procedimiento que no fuese engorroso deberíamos pasar la multa y sancionarlo inmediatamente, pero eso trae una serie de violaciones a las normas constitucionales del debido proceso".
Cabe recordar que esta ley surgió en el Congreso hace más de seis años, impulsada por el senador Juan Antonio Coloma (UDI) y los ex legisladores Baldo Prokurica (RN), Antonio Horvath (RN, fallecido en mayo), Carlos Larraín (RN) y Jovino Novoa (UDI).
