Christian Zuñiga, El Mercurio
SANTIAGO.- El presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema,
Sergio Muñoz, habló por primera vez de la controversia que han generado los últimos fallos en los cuales se ha obligado al Estado a costear el financiamiento de medicamentos de alto valor, fuera de la Ley Ricarte Soto.
Según explica, no se ha producido un cambio de jurisprudencia, sino que es una doctrina que viene de antes de que él llegara a la sala y dice que está está relacionada "con el derecho a la vida, cuando un niño se va a morir si no se le otorga el medicamento. Son casos excepcionales en los que se piden informes médicos".
Si bien hay quienes creen que es inminente el aumento de la judicialización en materia de salud, Muñoz dice que "puede que se judicialice, pero no se acoge el recurso por cualquier circunstancia. Nunca nosotros hemos dado (el medicamento) si no está en riesgo la vida verdaderamente. No es para que viva mejor, para que se mejore de una patología; es que si no se le da el medicamento, el niño muere".
Asimismo abordó las acusaciones acerca del límite de los recursos y que los jueces estarían interfiriendo en las políticas públicas de salud, algo que no es de su competencia, según han dicho expertos y autoridades. "La Constitución dice que lo más importante es la dignidad de la persona y que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Eso nos dice la Constitución, que dentro de las garantías más importantes -salvo que alguien diga lo contrario- está el derecho a la vida, y nosotros estamos para aplicar las garantías constitucionales. Si no, que deroguen la garantía al derecho a la vida y pongan que lo más importante es el equilibrio de las finanzas públicas", comenta.
