La iniciativa fue impulsada por la diputada comunista Carmen Hertz.
El Mercurio
VALPARAÍSO.- La comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja aprobó con los votos de la oposición la indicación que prohíbe el negacionismo en el marco del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, ingresado por el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
El artículo impulsado por la diputada Carmen Hertz (PC) estipula que no se puede justificar o negar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 cosignados en los informes de las comisiones nacionales que el propio Estado creó, como la comisión Valech I y II o el informe Rettig.
Según explicó la parlamentaria comunista y presidenta de la instancia, quien cometiera negacionismo en estos términos podrá ser sancionado con una multa o presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir desde 541 días de cárcel a tres años.
Consultada sobre si por ejemplo podría ir preso alguien que se declare "pinochetista", como lo hizo recientemente la diputada de RN, Camila Flores, Hertz explicó que a su juicio no cae dentro de la norma.
"Este artículo señala expresamente que quien negare o justificare las violaciones a los derechos humanos, consignadas en los informes de las comisiones nacionales caen dentro de este tipo, le corresponde al juez la interpretación de este artículo, y a mí parecer el solo hecho de declarar una opción política, no cae dentro de la tipificación.
Aclaro que nosotros legislamos y la interpretación le corresponde al poder judicial", sostuvo.
Respecto a si es que si sería sancionado de esta manera quien asegure que los detenidos desaparecidos son "terroristas con aguinaldo" como lo hizo el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, la legisladora Hertz explicó que "a mí juicio sí. Es un típico caso de negacionismo y que se está ofendiendo la dignidad humana de las víctimas. Eso sin duda alguna".
Además, la ley que deberá ser ahora revisada por la Sala, contempla varios delitos que tienen relación con la incitación a la violencia propiamente tal, a través de discurso de odio hacia un miembro de una religión, partido político, creencia, etnia, condición sexual, que está sancionada con pena corporal, multa e inhabilitación o suspensión de cargos públicos.
Reserva de constitucionalidad
La normativa no contó con total respaldo, ya que los parlamentarios de Chile Vamos se opusieron a esta indicación cuestionando que con ella se limite la libertad de expresión y se mostraron contrarios a que quien haga este tipo de declaraciones pueda terminar en la cárcel.
El diputado Diego Schalper (RN) hizo reserva de constitucionalidad y anunció que insistirá con sus indicaciones que fueron declaradas inadmisibles por la comisión, que condicionan el negacionismo y amplían a condenar violaciones actuales a nivel nacional e internacional, como por ejemplo las que a su juicio ocurren en Venezuela.
"Obviamente nadie tiene la libertad de ofender a otro, pero de ahí a dar un salto a que por una determinada opinión usted se vaya preso, que es lo que está pretendiendo hoy día la oposición, hay un salto lógico tremendo", afirmó el representante del oficialismo.
"Algunas personas en este Parlamento creen que las malas ideas en vez de combatirse con buenas ideas, con debates, se combatan con cárcel. Ellos creen que ciertas expresiones de la sociedad tendrían que tener cárcel. Nosotros desde Chile Vamos, que creemos en la diversidad de opiniones pretendemos que esas ideas obtengan el menosprecio, el descrédito de la opinión pública, pero en ningún caso meter preso a los que así lo plantean", agregó recordando que el proyecto original contenía trabajos comunitarios y clases de ética.
Al respecto, el diputado Mario Venegas (DC), apuntó que "a nosotros nos parece que la incitación a la violencia, al odio, el negacionismo son hechos que están debidamente probados a través de instancias formales, serias y que nadie puede discutir. Merecen ser sancionadas y nos parece que el proyecto como venía del Ejecutivo, que simplemente le ponía una multa de carácter incluso comunitario, no tenía la fuerza coercitiva para impedir que estas conductas se den, de eso se trata la ley, para que no tengamos conductas que atentan contra el conjunto de la comunidad".
