SANTIAGO.- Mañana a las 11:30 se retomará la audiencia de formalización por receptación e infracción a las leyes de Armas y de Monumentos Nacionales contra empresario Raúl Schüler (74), en cuyo fundo se encontraron 21 estatuas que años antes habían desaparecido desde distintos lugares, como museos y plazas.
Así lo decidió el Juzgado de Garantía de Graneros tras cuatro horas de discusión, donde tanto el ente persecutor como los querellantes solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo a lo expuesto por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, la receptación imputada sería agravada ya que los hechos fueron reiterados en el tiempo y porque el avalúo de las piezas encontradas en la propiedad de San Francisco de Mostazal supera las 400 UTM -$193.341.200-. Así también aseguró que la pena probable asignada sería de cárcel.
“Si no existiera receptador no se roba. Si no existiera un receptador que comprara a través de los años, no se habrían robado aquellos monumentos nacionales”, aseguró Arias.
Por su parte, la defensa puso en duda que las obras encontradas sean aquellas por las que se acusó robo, sino que posiblemente se crearon más de una pieza, cuestionando además las fechas en que fueron notificadas las sustracciones.
En relación a las tres armas encontradas en su propiedad, los abogados Carlos Cortés y Sergio Rodríguez aseguraron que Schüler contaba con un permiso como coleccionista. Ante esto, Arias explicó finalizada la cita: "Hay autorización, pero el reglamento establece que estos deben especificar a la autoridad fiscalizadora cuáles son esas armas, cuestión que en este caso no existe y por tanto, si es que existe un permiso que según nuestra información no está vigente, sería un permiso vacío".
En su declaración como imputado, el empresario de la zona aseguró al equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins que 15 anticuarios le habrían vendido las piezas –algunos de ellos ya fallecidos-, además de desconocer su procedencia ilegal, según publicó La Tercera. “Yo quería conservar este patrimonio arquitectónico rural para el país”, aseguró.
Distinta opinión tuvo el persecutor, quien en audiencia aseguró que las piezas estaban en mal estado, ya que no estaban sobre un pedestal y presentaban signos de corrosión, y recalcó que la condición en que se encontraban las estatuas “denostaba una acción mecánica de apropiación y traslado violento”, asegurando que el imputado “conocía el origen robado de tales especies”.
"Esta causa en sí constituye un precedente en lo que dice relación con la investigación de delitos contra el patrimonio cultural y en relación con eso todas las decisiones que se vayan pronunciando, sí que van a ir marcando un precedente", concluyó el persecutor.
