Debate por ley que podría castigar el negacionismo con cárcel: Expertos plantean que podría ser "contraproducente"

SANTIAGO.- Lo que abrió el debate fue un artículo impulsado por la diputada Carmen Hertz (PC), aprobado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, y que busca incluir la prohibición del negacionismo dentro del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, que ingresó al Congreso en la época de Michelle Bachelet.

Lo que estipula es que no se puede justificar o negar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, consignadas en los informes de las comisiones nacionales que el Estado creó, como las comisiones Valech y el informe Rettig.

"La incitación a la violencia, al odio, el negacionismo, son hechos que están debidamente probados a través de instancias formales, serias y que nadie puede discutir", afirmó el diputado Mario Venegas (DC) durante la discusión. La indicación sanciona con cárcel a quienes caigan en esas conductas y fue aprobado con los votos de la oposición.

"Merecen ser sancionadas y nos parece que el proyecto como venía el Ejecutivo —que simplemente le ponía una multa, incluso de carácter comunitario— no tenía la fuerza corcitiva para impedir que estas conductas se den. De eso se trata la ley: que no tengamos conductas que atenten contra el conjunto de la comunidad", aseguró Venegas.

La iniciativa se ha encontrado con el rechazo del oficialismo, que señala que la medida atenta contra la libertad de expresión. "Algunas personas en este Parlamento creen que las malas ideas, en vez de combatirse con buenas ideas y con debates, se combaten con cárcel", expresó el diputado Diego Schalper (RN).

En el mundo son diez los países que sancionan la "apología y minimización" de delitos contra los Derechos Humanos, entre ellos Francia, Suiza, España, Letonia, República Checa y Alemania. Organismos internacionales, como la ONU, el Consejo de Europa y la Unión Europea han aconsejado a sus países miembros legislar al respecto.

La diversidad de posturas en torno al tema ha abierto en la sociedad otro debate: ¿Es pertinente normar este tipo de discursos a través de leyes que los prohíban? ¿Cómo debe llegar un país a la convicción de que negar crímenes de lesa humanidad es dañino para la democracia? Aquí, tres destacadas figuras del área de la filosofía comparten sus visiones.

Antes de entrar en el debate mismo, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Agustín Squella, señala que hay algo que le genera sorpresa.

"Lo que importa es mejorar nuestra cultura en materia de Derechos Humanos. A mí siempre me sorprende lo poco que se sabe de ellos, de su concepto, de su fundamentación, de su historia, de su expansión en distintas generaciones, de su diferencia con los derechos comunes, de su consagración a nivel del derecho interno de los Estados y del derecho internacional", señala.

"Eso no solo entre los jóvenes, sino entre personas adultas, a veces con estudios superiores, pero que ignoran prácticamente todo sobre el tema, salvo que los Derechos Humanos son algo importante", agrega. "Las leyes, en tal sentido, pueden ser necesarias, como en casi todo".

A su juicio, legislar es una de las vías para avanzar en ese proceso reflexivo. "Pero mucho más que eso, porque tenemos tendencia a creer que porque hemos legislado sobre una determinada materia, podemos ya irnos a dormir tranquilos", comenta.

El doctor en Filosofía Política y académico de la Facultad de Gobierno de la U. Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio, no concuerda. "No sé si me parece que utilizar una herramienta legal para imponer una verdad sea la mejor manera de lidiar con una minoría", plantea.

"En Chile la dictadura terminó con un 44% de aprobación. Prácticamente la mitad de los chilenos consideró, en un comienzo, que había sido positiva y quería prolongarla en el tiempo. Hoy sabemos que ese número es mucho menor —algunas encuestas lo cifran en torno a un 20%— y que su reputación ha ido en picada. Aun así, creo que hay un problema de legitimidad al obligar a ese 20% a que no exprese públicamente sus opiniones so pena de cárcel", asegura.

Para la académica de la U. Católica y doctora en Filosofía, María Alejandra Carrasco, la medida tiene tintes autoritarios. "De alguna manera, son precisamente los regímenes que cometen violaciones a los Derechos Humanos los que instituyen este tipo de leyes que prohíben decir cosas. Uno puede pensar en los artículos que contenía originalmente la Constitución de 1980, que prohibía el comunismo", explica.

"Esta ley, si bien obviamente no es 'devolver con la misma moneda', se va acercando a ese modo. En ese sentido, me parece a mí que no es la mejor vía para tomar conciencia de que hay cosas que nunca más. Si a través de la ley se prohíbe un discurso con penas de cárcel, en el fondo no se está educando en la tolerancia, sino en la intolerancia", agrega.

Propone, en cambio, otro camino: abrir debates e incitar a la reflexión. "La mejor manera para que la gente empiece a pensar o profundice su pensamiento sensato es la formación intelectual, el espíritu crítico y tener argumentos disponibles para poder suscribir a una opción o la otra", comenta.

"Si estamos tan seguros de que los crímenes de lesa humanidad son algo malo —y yo estoy absolutamente segura—, tenemos que confiar en que hay buenos argumentos para apoyar la tesis de que lo son, y las personas, en general, son seres inteligentes que reconocen los buenos argumentos y los aceptan. Si viene alguien y dice: 'Hitler tenía toda la razón matando judíos', ¿qué es lo que pasa? La sociedad entera se pone en contra de esa persona, y su idea se apaga por su propio peso, porque nadie la sigue. Esa es la mejor manera de ahogar una idea", dice.

Vetarla, por el contrario, tendría el efecto de "prenderla más". Allí residiría otro riesgo: el de la posverdad. "Empezar a prohibir que se digan cosas produce que no se digan en foros públicos, pero sí a través de Whatsapp, y que ahí se viralice. Al final se dicen igual, y se dicen de manera anónima, y como están prohibidas son más atractivas y la gente quiere saber más. En el fondo, se produce justo lo que no se quiere", añade. Además, restringe la posibilidad de refutarla en el debate público.

"La lógica de prohibir que se digan cosas es precisamente la lógica del autoritarismo y uno no puede usar esa misma lógica para combatirlo, porque, en el fondo, si hacemos eso, el autoritarismo ganó. Precisamente lo que uno quiere es que no se repitan estas violaciones, que le quitan libertad a las personas, pero uno no puede, para eso, imponer autoritariamente el sistema de la libertad. Para que triunfe la libertad, lo que hay que hacer es liberar", resume.

En ese contexto, Cristóbal Bellolio hace una aclaración: tampoco considera que esa minoría que justifica la dictadura tenga "derecho a plataforma" ni que sus opiniones deban ser amplificadas o consideradas en foros públicos. "No creo en la idea dogmática de que la libertad de expresión sea absoluta, por algo tenemos el delito de injurias y calumnias. Tenemos en nuestro sistema penal figuras para defendernos justamente porque las palabras tienen efectos, causan daños, no son enteramente inocuas", acota.

"La gracia de la injuria es que tiene el objetivo de causar daño y yo creo que cuando Camila Flores o José Antonio Kast dicen que consideran que el gobierno de Pinochet fue bueno —no sé si estaré pecando de ingenuo— no lo hacen con ánimo de injuriar sino de defender su visión ideológica. Uno podrá discutir eso. En una sociedad libre, muchas veces uno tiene que bancarse discursos que le parecen profundamente nauseabundos o repugnantes, pero creo que de eso se trata la tolerancia", agrega.

El escenario, asegura, ha evolucionado de forma satisfactoria sin la existencia de estas normativas. "Este país, sin ninguna ley de negacionismo o contra las apologías de la dictadura, ha disminuido la influencia del pinochetismo de manera impresionante. Siempre ha existido y hoy también, pero nadie puede decir que está en mejores condiciones que hace veinte años. Hoy con suerte son grupos marginales que, de hecho, generan noticia por el hecho de declararse pinochetistas. Quizás son los casos que confirman la regla, porque son curiosidades dentro del sistema político", comenta.

"Si hemos sido exitosos en ir achicándole el espacio al pinochetismo, me parece que no tiene sentido en este minuto cambiar la estrategia por una penal", señala, y defiende que ese tipo de ideas se defienden en el debate, con ideas y argumentos. "La pregunta es: ¿cuáles de aquellas cosas que nos parecen profundamente ofensivas vamos a considerar que quedan fuera de los márgenes de la convivencia democrática? ¿Cuáles nos parecen tan graves que menoscaban la dignidad de las personas y que vamos a establecer límites para proteger esa dignidad?", se plantea.

Con todo, no cree que la respuesta sea la amenaza de cárcel, porque además se aventura con una predicción. "Ya estoy viendo el argumento que va a usar la gente que defiende la dictadura de Pinochet: van a decir que por qué otros tienen derecho a defender Cuba o Venezuela y ellos no pueden expresar sus ideas políticas", dice. Por eso, asegura, esta iniciativa podría tener un efecto "contraproducente".

"Le da una excusa a aquellos que se ven censurados para decir que están siendo amordazados. No me gustaría que el pinochetismo terminara jugando la carta de la víctima. Sería súper cauteloso a la hora de ver si lo que estamos haciendo al legislar sobre estos tipos penales es proteger la dignidad de los grupos que están siendo sistemáticamente vulnerados con el discurso de otros, o lo que estamos haciendo es tratar de achicarle la cancha a nuestros adversarios políticos, para que no puedan decir lo que en verdad piensan, y que más encima pueda ser contraproducente desde el punto de vista práctico", concluye.