SANTIAGO.- En un fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado en representación de ocho funcionarias de Gendarmería que fueron grabadas con una cámara oculta en el sector de las duchas del Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta.
De esta manera, los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y Ángela Vivanco revocaron la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de dicha región y establecieron que el dispositivo encontrado en una rejilla de respiración del baño de las funcionarias y el cual estaba ligada a otras tres cámaras que se encontrarían en el sector de la bodega, amenaza la vida privada y el derecho a la honra de las funcionarias, ordenando así su retiro y desactivación.
Así, los supremos señalaron "que si bien la recurrida –Gendarmería- niega haber participado en la instalación de la cámara en cuestión y, efectivamente, no existen antecedentes que permitan concluir lo contrario, es lo cierto que su reacción frente a los acontecimientos descubiertos y expuestos en autos resulta incompleta".
Lo anterior, ya que la institución comprobó haber denunciado el hecho ante la PDI; reubicado a las afectadas en una casa de huéspedes; iniciado un sumario administrativo: e iniciado un programa de seguimiento psicológico en apoyo de las afectas; pero no haber retirardo el artefacto en cuestión; ni referirse a la duración de las imágenes almacenadas o a quienes pudieron tener acceso a ellas.
"La conducta de la recurrida aparece desprovista de la debida razonabilidad, por cuanto no alcanza los estándares suficientes de seriedad que le son exigibles precisamente en su condición de institución jerarquizada, disciplinada y obediente", añade el fallo.
Así también, los supremos se refirieron al temor de las denunciantes debido a que los registros puedan ser subidos a internet indicando que "además de verificarse una afectación a la vida privada de las recurrentes, como se ha consignado, se concreta además, a la luz de lo expuesto, una perturbación, cuando menos en grado de amenaza, a su honra".
Por ello, el máximo tribunal ordenó a Gendarmería retirar y desactivar la cámara en cuestión, además de asegurar "la reserva y control de las imágenes capturadas con la misma", y dispondrá su entrega al Ministerio Público.
