SANTIAGO.- En 21 páginas, la Comisión Asesora para la Reforma Procesal Penal presentó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, su propuesta final sobre los puntos a actualizar del Código Procesal Penal. Desde la cartera han señalado que dicho informe servirá como insumo para el proyecto de ley enviará próximamente el Ejecutivo.
"La experiencia de estos años obligaba a revisar el Código y hacerle perfeccionamientos. En su minuto fue una gran innovación, pero con el tiempo, se han podido detectar espacios de revisión para fortalecer el trabajo de los fiscales, y al mismo tiempo, mejorar el derecho de la defensa de los imputados, logrando el máximo equilibrio posible y corregir ripios que ha tenido su aplicación", indicó el secretario de Estado.
Uno de los principales aspectos recomendados por los académicos y profesionales refiere a la disminución de prisiones preventivas.
Así, y para corregir "el otorgamiento de medidas cautelares", se consideraron estudios y cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP) ente 2015-2017, donde se señala que más de 33 mil personas que sometidas a dicha cautelar accedieron luego a una suspensión condicional del procedimiento, fueron absueltas en juicio, sobreseídas definitivamente, condenadas a una pena no privativa de libertad, o bien su condena fue sustituida por una de cumplimiento en libertad.
Así, se recomienda preferir medidas "menos intensas", como libertad vigilada o arresto domiciliario; establecer una "fundamentación exigente en caso contrario"; y "reintroducir como principio general, un criterio de proporcionalidad entre la medida que se decrete y la pena probable". Es decir, que esta última sea de cárcel.
33Mil personas estuvieron en prisión preventiva entre 2015 y 2017 y no fueron condenados a una pena de cárcel, según la DPP.
En esa línea, los expertos indicaron la necesidad de modificar los criterios invocados para solicitar y entregar dicha cautelar: "(Se recomienda) dotar de un contenido explícito el peligro contra la sociedad, en el sentido de un peligro serio y real de comisión de nuevos delitos, según los antecedentes del caso, considerando especialmente el número de delitos imputados, la existencia de otros procesos pendientes y de condenas anteriores, eliminándose otros criterios inadecuados a efectos de esta causal, como es, a criterio de la Comisión, la pena abstracta de crimen del delito imputado".
Otros aspectos
La comisión propuso además una regulación sistemática y armónica en materia del control de identidad, autorizando el registro superficial de vestimentas para excluir cualquier riesgo contra la seguridad de personal policial.
En cuanto a la labor de los intervinientes de las causas, se sugirió aplicar sanciones más graves en caso de reiteración a la conducta negligente y "las alegaciones manifiestamente mendaces por parte de los abogados en juicio oral".
También se señalaron modificaciones en la audiencia de control de la detención, "proponiendo en ella un rol activo del juez en el control de las circunstancias de la detención, permitiéndose la incorporación de antecedentes por parte del imputado, antes de resolver".
"No nos hemos enfocado en una parte específica, sino que hemos visto el procedimiento penal en su conjunto".
Gabriel Zaliasnik, presidente de la Comisión.
Sobre las declaraciones prestadas durante el procedimiento, ya sea por víctimas, testigos o imputados ante el Ministerio Público, se plantea efectuarlas mediante un medio audiovisual, salvo casos excepcionales.
Respecto las diligencias intrusivas, la Comisión propuso "introducir una de especial relevancia, resolviendo así un vacío de nuestra legislación: el registro e incautación de datos y archivos informáticos".
Por último, los expertos se refirieron a la prueba pericial en las audiencias de preparación de juicio oral, proponiendo "incorporar información sobre los antecedentes del perito, que den cuenta de su idoneidad"; además de “introducir en esta materia reglas de conservación de la evidencia física por plazos determinados”.
“Esta propuesta aborda, por ejemplo, mejoras en el ejercicio de los derechos de las víctimas; mejoras en la aplicación de las medidas cautelares, y todo lo relativo a las medidas alternativas a la prisión preventiva y procedimientos de control telemático (...) No nos hemos enfocado en una parte específica, sino que hemos visto el procedimiento penal en su conjunto”, indicó el abogado Gabriel Zaliasnik, presidente de la Comisión que trabajó por seis meses.
La delegación estuvo integrada por los profesores Mauricio Duce (UDP), Raul Núñez (PUCV), María Elena Santibañez (PUC), Paula Vial (PUC y vicepresidenta de la instancia), Jaime Winter (U. de Chile), Gabriel Zaliasnik (U. Chile y presidente de la instancia), Rodrigo de la Barra (UDP), Carlos Correa (UAI), Cesar Ramos (UDP), Alejandro Espinoza (UdeC) y Ana María Morales (Paz Ciudadana).
