SANTIAGO.- El 13° Juzgado de Garantía rechazó la solicitud de sobreseer definitivamente al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, en el marco de la investigación llevada en su contra por encubrimiento de abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica.
Así lo decidió el magistrado Eduardo Gallardo tras la realización de la audiencia que duró casi cuatro horas y se basó principalmente en el actuar que tuvo el religioso ante las denuncias realizadas contra el ex canciller de la arquidiócesis capitalina, Óscar Muñoz; y el sacerdote Jorge Laplagne.
La defensa de Ezzati, encabezada por Hugo Bravo, señaló, entre otras, que los delitos adjudicados por el ente persecutor a Laplagne están prescritos y criticó la mediatización del caso, asegurando que tras las públicas imputaciones realizadas el cardenal ha sido increpado y víctima de abucheos en su domicilio; señalando que incluso se discute en el Congreso la posibilidad de quitarle la nacionalidad de gracia.
Se aseguró además que su defendido le indicó a Muñoz que se auto denunciara luego que este último le informara de las acusaciones realizadas por familiares en su contra. Y que, una vez iniciada la investigación canónica, implementó una serie de medidas, enfocadas a la restricción de labores.
Esto fue desestimado por el Ministerio Público y un querellante, quienes sostuvieron que Ezzati solo le señaló que se asesorara jurídicamente y que, como medida cautelar, se trasladó a otro recinto donde se encontraban más potenciales víctimas.
Así, el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, señaló al tribunal que, el material incautado a partir de órdenes judiciales –y no colaboración de la iglesia- en distintas dependencias religiosas, permite comprobar que Ezzati ha, "de manera reiterada y sistemática, incumplido sus obligaciones que como obispo tenía en relación a las investigaciones canónicas que debió llevar con respecto a clérigos respecto los cuales existían indicios claros de haber cometidos delitos sexuales contra menores de edad".
Agregó también que aún quedan diligencias pendientes, especialmente relacionadas a la revisión de evidencia informática encontrada en los correos electrónicos del cardenal y el resto de los obispos; así como la toma de declaraciones y el establecimiento de su participación en otras indagatorias religiosas y de las cuales tomaron conocimiento tras los allanamientos.
La resolución
Tras las presentaciones, el magistrado reconoció que se trata "de un caso complejo", debido especialmente a que la causa aún está desformalizada, señalando que la pregunta a resolver es si "¿hay algo pendiente que indagar?".
Así, indicó a los intervinientes que "una investigación desformalizada es mas compleja porque obliga al juez intentar construir una síntesis fáctica de hechos respecto de los cuales uno podría determinar que se dan los presupuestos del articulo" que regula el sobreseimiento.
Aquello, aseguró, "tiene una complejidad tras poner al juez en posición del fiscal que es construir dicha hipótesis".
Y, para rechazar la petición, concluyó: "La discordancia entre los intervinientes respecto el alcance de las conductas de la persona investigada al momento que fueron denunciados o tomó conocimiento de los hechos denunciados con relación a los procedimientos internos en materia canónica me impiden tan prematura y anticipadamente privar al Ministerio Público de llevar esta investigación adelante y ejercer su rol internacional".
