Óscar Riquelme, El Mercurio
SANTIAGO.- "Ninguna duda, eso constituye playa. (…) He vivido toda mi vida acá y conozco en gran parte el comportamiento del lago. La naturaleza no miente". Así de categórico fue el alcalde de Ranco, Miguel Meza (RN), al señalar que la zona donde ocurrió el incidente entre tres turistas y el empresario Matías Pérez corresponde a un bien nacional de uso público y no a propiedad privada.
El episodio se hizo viral luego de que las afectadas subieran a las redes sociales el video donde el empresario –presidente del directorio de Gasco- les pide que dejen el sector alegando que están en su propiedad.
"Ayer cuando nos constituimos en el lugar de los hechos acompañados de una de las afectadas, nos indicó dónde sucedió y me di cuenta inmediatamente de que estaban en la playa porque en el año 2011 hizo erupción el volcán Caulle y arrojó piedra volcánica, la que conocemos como piedra pome, que es muy liviana y flota en el agua, y aún sigue arrojando este tipo de piedras. Eso está plenamente marcado hasta dónde llegó la ola porque quedaron las piedras ahí al borde del lago", explicó en entrevista con Radio Universo.
Meza también aclaró que "el pasto que se ve allí (en el video) es el pasto natural, común" y que no corresponde al pasto del jardín de Pérez Cruz. "Ese pasto crece (en algunas zonas), es común verlo".
"Entiendo que Bienes Nacionales va a entregar el informe hoy de acuerdo a la fiscalización que hizo el día de ayer. Nosotros nos vamos a hacer parte de la denuncia y el apoyo que le hemos prestado a una de las vecinas que vive en Lago Ranco", aseguró. "Nuestra abogada está preparando los antecedentes y está esperando también el informe y le vuelvo a insistir que no tengo ninguna duda: eso es playa".
Posibles sanciones
Consultado por las sanciones que arriesga Pérez, el edil señaló que "hemos estado conversando el hecho y me imagino que estamos como en una especie de vacío legal donde no tenemos bastante claro cuáles son las sanciones que puede arriesgar en este caso el propietario que expulsó a las personas".
Explicó que la norma es ambigua pues el hecho no corresponde al impedimento de acceso a una playa –que es lo que la ley sanciona- sino que a la expulsión desde la misma, algo que la ley no contempla. "¿Cómo lo sanciono? Porque yo llegué a la playa, nadie me lo prohibió sino que me estaban expulsando de la playa (...) Lo hemos buscado (una norma) y no lo hemos pillado honestamente".
Ante la duda de si esto significa que al empresario no se le va a poder aplicar alguna sanción por lo ocurrido, Meza señaló que "no quiero anticiparme a nada, desconozco honestamente qué sanción se le pueda dar, para eso está nuestra abogada como digo, y vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder ayudar a nuestros vecinos y garantizarles los accesos".
Relató que en 2017 un particular presentó estudios para demostrar que parte de la costanera (1,7 de un total de 5 kilómetros) era de su propiedad, algo que el ministerio rechazó. "Nos aprobaron $ 93 millones para que se haga el estudio a partir de este año" y se defina el límite definitivamente.
"Yo como alcalde lo único que pido, jamás he tratado de intervenir en la propiedad privada ni nada, sino que resguardar el derecho que todos nosotros tenemos para poder acceder a las playas", sostuvo Meza.
