SANTIAGO.-
La Corte de Apelaciones de Iquique ordenó al Ministerio de Salud financiar y proporcionar el fármaco Eculizumab -nombre genérico- o Soliris -nombre comercial-, necesario para el tratamiento de la llamada enfermedad rara,
Hemoglubinuria Paroxistica Nocturna (HPN), y cuyo tratamiento mensual alcanzaría un costo de casi $40 millones.
Así, y en fallo unánime, los ministros de la Primera Sala, Mónica Olivares Ojeda, Pedro Güiza Gutiérrez y Marilyn Fredes Araya acogieron el recurso de protección presentado ante la negativa de entregar el medicamento por falta de recursos financieros, señalando que dicha situación es un acto arbitrario que amenaza el derecho a la vida.
"El medicamento recetado (...) es esencial para su sobrevida, por lo que al sopesar las razones, fundamentalmente de carácter económico, dadas por la recurrida al contestar el recurso (...) prevalecen éstas últimas para resguardar la vida de una persona, derecho que constituye un bien jurídico superior, argumento que le resta razonabilidad a la decisión de la autoridad pública", señaló el tribunal.
Agregaron que la autoridad no debió negarse a entregar el medicamento, "incurriendo en un acto arbitrario, que sin duda, amenaza la garantía del derecho a la vida de éste, pues la decisión lo priva del acceso al mismo, medicina que ha sido recetada para asegurar la sobrevida digna del paciente".
Por esto, se estableció que situación permite concluir la realización de un "daño un daño grave y significativo que afecta el derecho a la vida, frente a lo cual corresponde otorgar la indispensable defensa, adoptando las medidas necesarias conducentes a restablecer el imperio del derecho, consistentes en que el sistema público financie y proporcione al actor, mientras los médicos tratantes así lo determinen, el medicamento requerido para el tratamiento de la patología que lo aqueja".
Este no es el único caso que ha dejado entrever un vacío en el sistema de financiamiento de este tipo de medicamentos. Hace unos días, la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó al Estado financiar medicamentos por más de US$1,9 millones, mientras que el año pasado dictó cuatro sentencias similares.
