SANTIAGO.- El pasado 6 de febrero a través del Diario Oficial, se dio a conocer el decreto que declara zona de excepción constitucional para algunos sectores de las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, debido a los incendios forestales. Esta medida la confirmó el ministro del Interior (s) Rodrigo Ubilla.
Sin embargo, la decisión generó conflictos al interior de la Contraloría General de la República, luego de que el jefe de la División Jurídica, Camilo Mirosevic, a través de un oficio, afirmó que se enteró del decreto a través de los medios de prensa y además, acusó a la Contralora General (s), Dorothy Pérez de despachar la medida directamente al Ministerio emisor sin consultar al departamento jurídico.
"Su desatención afecta el conducto regular y los principios de responsabilidad y control que se deben respetar en la tramitación"
Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de la Contraloría
"Esa actuación implicó que los decretos no siguieran su curso regular, puesto que, en vez de ser remitidos a esta División Jurídica para su estudio y propuesta de resolución, fueron resueltos por Ud. (Contralora) y despachados directamente", detalló el abogado en la misiva.
La acción de la Contralora (s), según Mirosevic "conlleva un incumplimiento de la ley y de las órdenes impartidas conforme a ella por el Contralor General titular de la Entidad".
Incluso, aseguró que "su desatención afecta el conducto regular y los principios de responsabilidad y control que se deben respetar en la tramitación de los asuntos puestos en conocimiento de esta Contraloría General", también mencionó que esto afecta las funciones regulares de él, y de las jefaturas y funcionarios de la división.
"Manifiesto mi disconformidad y la de la división que dirijo", finalizó Mirosevic.
Respuesta de la Contralora General (s)
Ante la acusación de desconocer las atribuciones legales y no seguir el conducto regular, Pérez respondió que "le hago presente en primer lugar, que tales decretos que declararon estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones del Biobío, Los Ríos y La Araucanía, atendían a la gravísima emergencia derivada de los 614 incendios forestales de magnitud que afectan a la población de esas tres regiones en nuestro país".
En esa línea, afirmó que los decretos "dispusieron medidas tendientes a reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad de las personas y velar por el orden en tales lugares".
Luego, cita el artículo 3° de la Ley 18.575, el cual dicta que la Administración del Estado debe atender las necesidades públicas "en forma continua y permanente", y además se refirió al artículo 10° de la Ley 10.336, el que señala que "el Contralor General tomará razón de los decretos supremos y de las resoluciones".
De esta forma, aclaró que contaba con el total derecho de decretar zona de excepción.
"Esperar su retorno hasta el día siguiente, implicaba retrasar en un día completo la publicación"
Dorothy Pérez, Contralora General (s)
Con respecto a la exclusión de la división jurídica, la Contralora (s) comentó que "fueron marginados del estudio y conducto regular, le hago ver los decretos en cuestión que ingresaron a esta Contraloría a las 20.00 horas del 5 de febrero, en tanto según lo informado por el Departamento de Personal, ese día Ud. se retiró de las dependencias a las 18:51 horas., mientras que la subjefatura, todos los jefes de comité y las secretarias, tampoco se encontraban".
Debido a eso, Pérez tomó razón de ellos y fueron "despachados a la entidad emisora cerca de las 21 horas., ya que la luz de las normas constitucionales citadas no era procedente dejarlos guardados hasta el día siguiente, solo a la espera de que Ud. pudiera visarlos".
"(...) Esperar su retorno hasta el día siguiente, implicaba retrasar en un día completo la publicación y ejecución de los decretos, lo que habría impedido al Estado ejercer nuevas medidas de emergencia en auxilio de la población afectada", sostuvo.
Al finalizar la misiva, la Contralora (s) opinó sobre la acción de Mirosevic que "ha excedido con creces lo que razonablemente pudiera estimarse una asesoría de buena fe (...) A su vez, sería razonable que destinara dicho tiempo y sus mayores esfuerzos a atender con la debida prontitud de los plazos que establece la Ley 19.880, las consultas ciudadanas".
