SANTIAGO.- Fueron dos granos de uvas, de un cargamento a bordo del buque "Almeria Star" fondeado en el puerto de Filadelfia, los que desencadenaron una tormenta política, diplomática y económica que tensionó los últimos meses de la dictadura militar, enfrió las relaciones con Estados Unidos y provocó millonarias pérdidas para los productores agrícolas de Chile.
Esos dos granos estaban contaminados con cianuro según la Food and Drug Administration (FDA), el organismo estadounidense responsable de la regulación de alimentos, que ordenó suspender el ingreso de toda la fruta proveniente de Chile. Días después se sumaron Canadá y Japón, junto a algunos países europeos.
El caso cumple 30 años y ocurrió a meses de las primeras elecciones presidenciales desde 1970 y mientras el oficialismo y la oposición negociaban los términos de la transición a la democracia. El Gobierno de la época negó el supuesto envenenamiento y no pocos acusaron que detrás de esos dos granos había una operación política.
Pero además, el caso dejó postales en el inconsciente colectivo que son imborrables tres décadas después: Las protestas frente a la embajada de Estados Unidos, con kilos de uvas lanzadas al interior del edificio; la distribución de la fruta que no pudo ser exportada en los colegios o Cecilia Bolocco, reciente Miss Universo, probando la fruta ante los flash de las cámaras, parte de una campaña de los productores para demostrar que el supuesto peligro no tenía fundamento.
El caso
Todo se remonta al 27 de febrero de 1989, cuando en Valparaíso, zarpaba el "Almeria Star" con más de 12 mil cajas de fruta chilena. Días después el teléfono de la embajada estadounidense –por esos años ubicada frente al Parque Forestal- comenzó a sonar. Llamadas anónimas advertían sobre un supuesto envenenamiento de los productos transportados por el mencionado barco.
Las inspección del cargamento se extendió durante nueve días hasta que el 12 de marzo se desencadenó el terremoto: la FDA dio aviso de la detección de dos granos de uva roja que contenían cianuro, de los cerca de 2.200 examinados. Por esos años, esa fruta representaba cerca del 70% del total de la exportación frutícola chilena a EE.UU.
2.220granos de uvas fueron examinados antes de que se encontraran dos con cianuro
Los noticieros estadounidenses se coparon de llamados a no comprar productos nacionales y se dio orden de embargo a toda la fruta chilena. El perjuicio para los exportadores superó los US$ 300 millones de la época, en un mercado que empleaba a más de 200 mil trabajadores. Por lo mismo, los agricultores nacionales consideraron las medidas adoptadas como "desproporcionadas" y su mayor temor radicaba en que el desprestigio internacional resultara irrevocable.
"Puede ser un incidente aislado, pero no debemos correr riesgos", sostuvo el representante de la FDA, Frank Young. Las reacciones desde el Gobierno de Chile no tardaron en llegar. El ministro del Interior, Carlos Cáceres, a través de un discurso transmitido por cadena nacional en radio y televisión, acusó que el hecho se trata de "terrorismo alentado por los comunistas" y anunció una investigación para dar con los responsables. Pinochet, en tanto, calificó la situación como "terrorismo químico", parte de un plan para sabotear las exportaciones y la economía chilena.
Envenenamiento no ocurrió en Chile
El embargo se extendió por una semana y el 18 de marzo el caso dio un giro: las investigaciones, dirigidas por el ministro en visita Domingo Yurac, descartaron que el envenenamiento de las uvas se haya realizado en territorio chileno, ni tampoco en el Almeria Star, y con esto surgieron nuevas teorías conspirativas que apuntaban a que el Gobierno de Estados Unidos estaba detrás de todo.
De hecho, el fallecido abogado y empresario chileno, Ricardo Claro, aseguraba que un diplomático estadounidense en Chile era "uno de los cerebros del plan de sabotaje", manifestando que esta persona le había consultado anteriormente sobre el efecto que produciría en el país la suspensión de exportaciones a Estados Unidos.
"Puede ser un incidente aislado, pero no debemos correr riesgos"
Frank Young, de la FDA en 1989
La idea no convencía a todos. El entonces procurador general de la República, Ambrosio Rodríguez, seguía apegado a que el "envenenamiento" se trataba de un plan concertado en Chile y acusó la existencia de una "inducción para desviar la investigación", afirmando que hay "un esfuerzo coordinado para hacer parecer que esto ocurrió fuera de nuestro país, con el evidente propósito de que este hecho escape de la jurisdicción de tribunales nacionales".
Mientras, el actual alcalde de Las Condes y entonces vicepresidente de la UDI, Joaquín Lavín, denunciaba el supuesto "uso político" que le estaba dando la oposición al problema de las uvas, específicamente desde el PPD, colectividad que sostenía que esta crisis demostraba "la fragilidad del modelo exportador chileno".
Fallida búsqueda de compensaciones
Al año siguiente, con la transición concretada y el Presidente Patricio Aylwin al mando, comenzaron las búsquedas de indemnizaciones ante las millonarias pérdidas de los productores nacionales. El Gobierno dispuso contratar los servicios de la reconocida oficina de abogados estadounidense "Arnold and Porter" para que estudiasen el camino a seguir, mientras que los agricultores acordaron acciones legales contra EE.UU. producto de las duras medidas adoptadas.
Así el 27 de febrero de 1991 quedó presentado un reclamo oficial por parte de 3.200 agricultores, 110 empresas y el Gobierno de Chile en contra del FDA, solicitando una indemnización por cerca de US$250 millones por daños y perjuicios a los productores de uva. Estados Unidos rechazó aquello y anunció que no habrá retribución.
"Las madres llamaban a los colegios porque habían puesto fruta chilena en los almuerzos de sus hijos, los basureros se negaban a aceptar desechos de frutas porque podían contener cianuro"
David Holzworth, abogado que asesoró a la industria chilena
La búsqueda de compensaciones se prolongó por cerca de una década y el caso fue cerrado sin fallos judiciales ni culpables, período en donde además de las teorías conspirativas contra el Partido Comunista o el gobierno de Estados Unidos, que involucraba incluso a la CIA, se sumaron científicos que aseguraban que las uvas nunca estuvieron envenenadas y un supuesto testigo que vio la evidencia fotográfica antes de que se perdiera.
En una entrevista al El Mercurio dada 20 años después de lo sucedido por David Holzworth, el abogado estadounidense que asesoró a la industria frutícola chilena, relató que cuando se supo lo de las uvas contaminadas en su país "el pánico cundió. Las madres llamaban a los colegios porque habían puesto fruta chilena en los almuerzos de sus hijos, los basureros se negaban a aceptar desechos de frutas porque podían contener cianuro".
Pero pese extensa difusión negativa, Chile, según el jurista, "finalmente ganó en la corte de la opinión pública de EE.UU.. La industria sobrevivió".
De todos modos, hoy Google sigue recordando la noticia y basta con teclear "chilean fruits supermarket" para que el buscador arroje como primer resultado la nota del The New York Times fechada el 14 de marzo de 1989 y titulada "Gobierno de Estados Unidos insta a sus consumidores a no comer fruta chilena".
