SANTIAGO.- En medio de la polémica que se ha generado por
el cobro por el cambio de medidores de la luz -en el que algunos legisladores como el diputado Daniel Núñez (PC), reconocieron un
"error" en la tramitación-, ahora el Parlamento enfrenta una nueva situación que podría implicar gastos para los chilenos.
El 4 de enero del 2017 el senador
Manuel José Ossandón (RN), junto a los en ese entonces senadores Lily Pérez y Eugenio Tuma, presentaron un proyecto con el que
se buscaba traspasar a los bancos la responsabilidad por cualquier fraude con tarjeta. En la moción se establece que, teniendo el cliente seguro o no, las entidades financieras deberían hacerse cargo de uso fraudulento de este servicio.
La Cámara Alta lo aprobó por unanimidad, lo que generó reparos de la Asociación de Bancos.
Un año después, el proyecto comenzó a ser tramitado por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde se aprobaron indicaciones que se hacen cargo de las preocupaciones de la industria. Esto tiene hoy a la iniciativa en un complejo escenario que algunos buscan enmendar.
Las polémicas indicaciones
A juicio del senador Ossandón, que ha demostrado su indignación con los últimos cambios,
se alteró el "espíritu del proyecto" y apuntó al ministro de Economía,
José Ramón Valente, diciendo que él debe velar por el interés del público "no de los bancos".
Las indicaciones fueron aprobadas por Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (FA), Sofía Cid (RN), Renato Garín (ind- ex RD), Harry Jürgensen (RN), Miguel Mellado (RN), Jaime Naranjo (PS), Alexis Sepúlveda (PR), Gabriel Silber (DC), Enrique Van Rysselberghe (UDI), y Pedro Velásquez (ind.) y respaldadas por el Gobierno a través del Ministerio.
El articulado que se agregó, y no era parte del proyecto inicial, permite a los bancos
cobrar un deducible de hasta 0,5 UF a los clientes cuando son víctimas de un fraude y aumentó el plazo para que las empresas puedan devolver el dinero robado pasando de tres días hábiles -como decía la idea original- a siete días hábiles. Así también señala que
el cliente puede denunciar el fraude desde los 30 días que recibe la cartola.
Además se establece que si bien los bancos deben devolver los dineros sustraídos esto es de forma "provisional", ya que si la entidad resuelve que no hubo fraude, puede quitarle el dinero al cliente sin tener la sentencia de un tribunal.
El proyecto ha generado tal tensión en el Parlamento que aunque debía ser tramitado el martes en la Sala de la Cámara de Diputados, no se hizo y fue postergado para el jueves, lo que tampoco ocurrió. Finalmente fue sacado de la tabla y se estima que debería ser revisado la próxima semana.
Desde la bancada de diputados de la
Democracia Cristiana han coincidido con la apreciación del senador Ossandón diciendo que si se aprueba como está el proyecto "
será finalmente un retroceso para los consumidores" y aseguraron que agregar
normas "pro-bancos incluyendo letra chica que podrían, en el fondo, transformarse en un retroceso"."Tenemos una oportunidad para enmendar el rumbo de esta iniciativa. Los bancos no pueden eludir su responsabilidad, pues son los que más utilidades tienen en este país, por lo tanto, hay que asegurar que en la ley no quede letra chica alguna y ya estamos en segundo trámite", dijo la diputada Joanna Pérez.
"No queremos aprobar algo que el día de mañana sea una puerta abierta para que los bancos se escuden en ella y no respondan. El proyecto tiene lindo nombre y es positivo, pero deja vacíos que hacen cambiar el paradigma y endosa responsabilidad a los clientes de tarjetas", apuntó la parlamentaria falangista.
