SANTIAGO.- Cerca de 27 mil alumnos de educación superior perdieron este año la gratuidad porque se atrasaron en terminar sus carreras. Esto ya que –según establece la ley– el beneficio se mantiene sólo por la duración formal de éstas. Excedido ese plazo, el primer año los estudiantes deben pagar el 50% del arancel (la otra mitad la debe cubrir la institución). Y, a partir del siguiente, ya no tienen gratuidad y deben buscar otras formas de costear la carrera.
Esta situación complica a los estudiantes que pierden el beneficio y también a las universidades, que durante un año deben cubrir con sus recursos la mitad del arancel.
"El esfuerzo del Gobierno en materia de recursos está puesto en nivelar la cancha desde el inicio"
Marcela Cubillos
Ante esto, algunos diputados han planteado extender la duración de la gratuidad, algo de lo que el Gobierno toma distancia. "El presupuesto en educación superior ha crecido en los últimos años de forma sustancialmente mayor que, por ejemplo, el de educación parvularia", sostuvo esta semana la ministra de Educación, Marcela Cubillos, aclarando que "el esfuerzo del Gobierno en materia de recursos está puesto en nivelar la cancha desde el inicio". También hizo ver que los jóvenes que pierden la gratuidad "pueden aspirar a todo el resto de las ayudas estudiantiles y créditos".
Entre los expertos hay visiones muy distintas respecto de cuánto debiese durar la gratuidad.
"No es el Fisco quien debe subsidiar los problemas de las universidades"
La investigadora de Acción Educar, Magdalena Vergara, afirma que la gratuidad "no se debe extender" más allá de los años que dura formalmente de la carrera y que podría complementarse con créditos. "No creemos que la solución pase por aumentar los años de cobertura (...) Siendo la gratuidad una política regresiva y cara, nos parece que la opción viable es una política de créditos subsidiados que la complemente", señala.
Atribuye además a las instituciones de educación superior la responsabilidad de que los alumnos no egresen en los plazos establecidos. "Son las instituciones quienes tienen gran parte de la responsabilidad al no estar siendo capaces o de seleccionar mejor a sus estudiantes o adecuarse al tipo de estudiante que reciben (...) No han sabido ser eficientes a la hora de ajustar sus programas a sus estudiantes, entregar nivelación y reforzamientos para que los alumnos puedan terminar sus carreras a tiempo", afirma.
Por eso, cree que "son los planteles quienes deben hacerse cargo, pues es un problema interno de cada una de ellos". "No es el Fisco quien debe salir a subsidiar los problemas de las universidades", sostiene.
Un final "menos abrupto" para la gratuidad
Una opinión diferente tiene el académico de la Facultad de Educación UC, Andrés Bernasconi, quien cree que "sí es necesario considerar alguna fórmula que haga menos abrupto el fin de la gratuidad, al cumplirse la duración teórica de la carrera". "Yo pensaría en algún sistema que mantenga una proporción del beneficio para el primer año de exceso, que podría ser 80%, y el año siguiente 60% y así en un programa de reducción gradual de la gratuidad", señala.
Afirma que el sistema actual "pone a los estudiantes y a las instituciones en una situación muy difícil", ya que "los estudiantes se quedan sin gratuidad y para las instituciones es muy difícil cobrarles el arancel a estudiantes que nunca lo han pagado".
A su juicio, también se debiera considerar "la mediana de la duración real de las carreras", dependiendo del tipo de carrera, ya que "hay programas donde los estudiantes se gradúan más cerca y otros más lejanos al tiempo teórico de duración".
"En general, esta política de gratuidad ha pecado de tratar a todos de la misma forma, con poca sensibilidad a las diferencias que hay por carrera, además de las condiciones bajo las cuales estudian los estudiantes de los primeros 6 deciles", que son quienes acceden a ese beneficio.
