SANTIAGO.- Era el 7 de agosto del año pasado y la asistente de la empresa Comercial Agrícola e Industrial Novapro SpA ingresaba, a eso de las 10:29 horas, al sitio web del Banco Chile para realizar ciertas transferencias electrónicas para pago de proveedores. Ingresó el código de digipass y el sistema se bloqueó.
Rápidamente se ejecutaron una serie de inusuales transferencias por un monto total de $26.099.996, detectadas al instante por el área antifraudes del banco y comunicadas a la firma, desde donde se aseguró que las operaciones eran fraudulentas, objetándolas por escrito al día siguiente.
Sin embargo, desde el banco aseguraron no haber constatado vulneración a los datos e infraestructura por lo que no era posible acceder a la devolución de fondos. El caso los llevó hasta la Corte Suprema.
En un fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal acogió el recurso de protección interpuesto contra la empresa bancaria, ordenándole restituir $20.663.902, estableciendo así su responsabilidad en la sustracción del dinero.
En el fallo, la Corte aseguró que aún cuando el fraude informático se haya ejecutado mediante el uso irregular de los datos y claves bancarias personales de la empresa, "el único y exclusivo afectado por el engaño referido es el banco recurrido, dada su calidad de propietario del mismo y al ser en quien recae finalmente el deber de eficaz custodia material de éste, debiendo adoptar, al efecto, todas las medidas de seguridad necesarias para proteger adecuadamente el dinero bajo su resguardo".
Así, se revocó la sentencia dictada previamente por la Corte de San Miguel, estableciendo el pago de lo sustraído, con reajuste según la variación que experimente el índice de precios al consumidor desde la fecha.
