SANTIAGO.- 12 de enero de 1990. La prensa informa de las críticas hacia el traslado del Congreso a Valparaíso y de la reciente modificación del DFL 200, el cual permitía al Ejército prestar servicios a particulares y actuar como una empresa con plena independencia, lo cual fue visto en la oposición como una medida para dar más poder al general Augusto Pinochet.
Esa jornada, el entonces ministro del Interior, Carlos Cáceres, celebraba la decisión del comandante en jefe y de sus pares de la Fuerza Aérea y Carabineros de permanecer en su cargo después de la asunción del próximo Presidente Patricio Aylwin, lo cual, a su juicio, era "positivo para el país y la transición política".
Ese mismo día, en Talca, nació Jorge Brito Hasbún, quien desde el próximo martes será el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados más joven de la historia, y el primero en nacer después del plebiscito de 1988 y la elección presidencial de 1990, hitos que sellaron el retorno a la democracia en Chile.
Sin embargo, pese a que han pasado casi tres décadas, los problemas que tendrá que asumir durante su periodo al mando de la instancia están ligados a los hechos que ocurrieron desde la época en que vivió su niñez. Los fraudes detectados en el Ejército y las dificultades para castigar a sus protagonistas seguirán siendo prioridad en su gestión.
Así lo explicó el parlamentario de Revolución Democrática (RD) a
Emol, subrayando que durante su periodo intentará llevar a cabo un "cambio de paradigma", poniendo énfasis en dos ejes temáticos: Nuevo perfil de legislación pro-personal de las Fuerzas Armadas y generar cambios a la gestión de compra y financiamiento de sus instituciones.
En el primer punto, señaló que la idea es generar "medidas para mejorar las condiciones del personal de las FF.AA., tanto en su carrera, como en la protección de sus derechos, con el objetivo de desarmar los privilegios de la institución que hasta el momento se han traducido históricamente en regalías exclusivas para los altos mandos".
"Dichos cambios se van a materializar en mociones sobre protección al denunciante, el fin a la justicia militar para que los delitos comunes se vean por la justicia ordinaria, y tipos penales agravados para los abusos sexuales dentro de la institución", detalló.
En cuanto al segundo eje, el legislador del Frente Amplio explicó que el objetivo es "acabar con la legislación actual, que permite la corrupción y los fraudes permanentes y resguardar los recursos públicos a través del control civil y políticas económicas ad-hoc".
"Dichos cambios se van a traducir en las siguientes mociones parlamentarias: Modificaciones a la legislación de compras conforme a las recomendaciones de la comisión investigadora que presidí en 2018, y un exhaustivo cuidado y tramitación en la ley de financiamiento de las fuerzas armadas del Gobierno", indicó.
"Hay que mejorar las instituciones"
En ese contexto, el diputado explicó que "es ingenuo pensar que los fraudes acabarán solo con procesos judiciales. Debemos hacer que salga difícil y caro para un militar el defraudar a Chile. Hay que mejorar las instituciones, y cuidar a su gente buena".
"Por eso tenemos un proyecto de ley que protege a los denunciantes, y queremos que se entienda de una vez por todas que los militares son ciudadanos con uniforme, que tienen derechos a la jornada laboral decente, al descanso, al trato digno, y a no tener que cargar con la mochila de los fraudes de sus superiores", añadió.
A su juicio, "si un año hay un fraude en el Ejército es problema de los militares y si hay un segundo fraude, ya se complica la cosa. Pero si hay un tercero, ya es culpa nuestra, es culpa de los gobiernos y los políticos que no han tocado estas instituciones".
"El país ha avanzado bastante, pero algunas instituciones aún funcionan ancladas en el siglo XX. No es posible tener una buena defensa si no tenemos buenas instituciones, con probidad, resguardo a los honestos, castigo a los fraudes, y lejos y apartadas de odios, racismo o cualquier mala intención que ande rondando por ahí", enfatizó.
Finalmente, Brito recalcó que "todos los proyectos que aumentan el control, la probidad y la equidad de género serán puestos en tabla. Puedo entender que tengamos posiciones distintas, pero no puedo entender como en pleno año 2019 algunos evadan este debate".
