SANTIAGO.- "La violencia laboral también es violencia patriarcal. Necesitamos enfatizar en que esto no solo es un tema de condiciones laborales, sino también es necesario visibilizar cómo esto repercute en las atenciones a las mujeres sobrevivientes de violencia que acuden a los centros: alta rotación de profesionales, problemas de infraestructura, exigencias administrativas que exceden la capacidad de respuesta".
Es parte de la declaración que realizó la Colectiva Movilizada Centros de la Mujer, que agrupa a casi la mitad de los 103 recintos de la red del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), dedicados a brindar "la primera atención de acogida a toda mujer que requiera ayuda, orientación e información en relación a las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres".
"La violencia contra las mujeres no se termina con la intervención institucional (...) sin embargo, la primera acogida que reciben las mujeres debiese ser brindada en condiciones mínimas, con un soporte institucional que sea coherente con el discurso versado"
Colectiva Movilizada Centros de la Mujer
De acuerdo a las funcionarias, presentaron un petitorio a través de la oficina de partes el pasado 11 de febrero y, aseguran, también se lo entregaron a la ministra Isabel Plá el 6 de marzo, pero no han obtenido respuesta. "Nos hemos visto en la obligación de paralizar nuestras funciones para evaluar otras estrategias de presión frente a las autoridades", afirman.
Desde el servicio, aseguran que la principal preocupación "son las mujeres que atendemos en cada uno de nuestros centros y que sufren violencia" y que, con medidas de contingencia, los centros siguen operando. También afirman que, aunque recibieron el petitorio, este documento llegó sin un remitente, por lo que no han podido establecer comunicación con el colectivo de centros.
Lo que denuncian las trabajadoras es que "los objetivos y compromisos asumidos por el Estado de Chile respecto a la erradicación de las violencias hacia las mujeres no se condicen con la realidad de las trabajadoras de los Centros de la Mujer" y hablan de "vulneraciones laborales" como "la negación de la condición de trabajadoras conforme al Código del Trabajo, despidos injustificados, sueldos y reajustes precarios, retardos excesivos en el pago de remuneraciones y no pago de pre y post natal".
Aseguran que no se sienten "protegidas". "Esa misma institución que establece como foco principal en su labor gubernamental la erradicación de la violencia hacia la mujer, violenta a sus trabajadoras y las hace vulnerables", aseguran.
El petitorio
Entre sus reclamos, uno de los principales tiene que ver con la estructura con la que funcionan los centros: son contratadas por quienes ejecutan las programas, que son los municipios, las gobernaciones o algunas fundaciones, pero no el mismo SernamEG.
"Nuestros derechos quedan condicionados a la voluntad del ejecutor del programa, a quienes SernamEG entrega (los fondos) sin asegurar condiciones mínimas para que estos programas se ejecuten de manera óptima, afectando tanto a nuestras usuarias como a los profesionales, lo que no lleva a un terreno de mayor desprotección y precarización laboral", señalan en el petitorio al cual Emol tuvo acceso.
103 Centros de la Mujer hay a nivel nacional
Como consecuencia de esa característica administrativa, las funcionarias denuncian que tienen sueldos impagos de hasta seis meses de antigüedad y piden que sea el SernamEG y el propio Ministerio de la Mujer quienes "asuman el acceso a la salud de las trabajadoras, el pago de contribuciones, seguro de accidentes, licencias médicas y pre y post natal".
También denuncian que el reajuste del sector público "sea aplicado de igual manera" a todos los programas y solicitan participar en la elaboración de los convenios, "no de forma consultiva, sino vinculante". "En el trabajo directo, somos nosotras quienes podemos dar cuenta del contexto, las demandas y necesidades de las usuarias y el territorio", defienden.
Según las funcionarias, el escenario que viven "no solo precariza aún más la condición laboral y contractual", sino que "continúa violentándonos, al desrresponsabilizarse la autoridad empleadora de las necesidades y obligaciones que tienen con las trabajadoras, misma lógica de las personas agresoras en contextos de pareja: culpando de mantener la dinámica de violencia a quien la vive", afirman.
"Como profesionales, entendemos que la violencia contra las mujeres no se termina con la intervención institucional (...) sin embargo, la primera acogida que reciben las mujeres debiese ser brindada en condiciones mínimas, con un soporte institucional que sea coherente con el discurso versado", agregan.
La respuesta del SernamEG
Consultado por Emol, el SernamEG aseguró que ha estado "en contacto permanente" con las municipalidades encargadas de ejecutar los programas y garantizar la atención de las mujeres que acudan a los centros. "Nuestro interés superior es que el proceso integral que ellas viven se enfrente de la mejor manera posible y no se vea interrumpido", aseguraron.
Además, explicaron que el servicio ya realizó la transferencia de la totalidad de los fondos a cada municipalidad y que están "enviando un oficio a todos los alcaldes, solicitándoles que a la brevedad cumplan su compromiso" de ejecutar los pagos.
"Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, estamos convencidos de que siempre debe primar el diálogo. Ante cualquier dificultad que pueda tener un centro o un programa, estamos abiertos a conversar con los municipios y sus trabajadoras para que se solucionen lo antes posible", concluyen.
