Fueron 17 las universidades chilenas que elaboraron un documento con ocho puntos que tiene por propósito lograr un avance en materia de igualdad de género, al que podrán adscribir todas las instituciones de educación superior. Las propuestas consideran que al menos 40% de los puestos de los órganos superiores del gobierno institucional de cada casa de estudios sean ocupados por mujeres y que exista al menos una candidata en las elecciones de rectores.
La iniciativa fue celebrada por las ministra de Educación, Marcela Cubillos, y de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, pero tuvo una acogida menos efusiva en las propias universidades, donde las académicas han comenzado a exponer sus reparos.
"Debiese haber un mínimo obligatorio, pese a la autonomía universitaria. ¿Serán capaces de ceder privilegios en tres años, si nunca lo han hecho? ¿Quién fiscalizará? ¿Qué pasa si no cumplen?", comunicó por Twitter la Red de Investigadoras, que agrupa a académicas de las universidades chilenas.
"Sería genial que se pudiese avanzar en eso, pero tenemos dudas con ejemplos concretos de que esto sea una realidad en dos o tres años más", dice a Emol la presidenta de la organización, Adriana Bastías. "En la U. Austral, donde empezaron las tomas feministas por el caso de un académico acosador, él sigue ahí siendo académico titular. Eso muestra que en cuanto a gestión y a realidad concreta, es difícil que los plazos que ellos se imponen en ese compromiso lo cumplan".
La organización hoy lleva su propia pelea en el área con otro caso: el de dos académicas de la U. de O'Higgins que fueron desvinculadas a fines de 2018 después de que una de ellas, Karina Bravo, denunciara acoso laboral, y la otra, Vania Figueroa, diera testimonio a su favor. La decisión de restarlas del plantel provino de las autoridades denunciadas, a pesar de que ambas tenían proyectos financiados con fondos estatales en ejecución.
Hoy muestran este caso como ejemplo de la realidad que viven dentro de las instituciones. La denuncia por desvinculación arbitraria incluso llegó hasta las comisiones de Educación y de la Mujer y Equidad de Género en la Cámara de Diputados, donde las conversaciones siguen.
El caso de la UOH
A comienzos de enero, Conicyt contestó el requerimiento de la diputada Loreto Carvajal y confirmó que la desvinculación de la académica Vania Figueroa sí significa el fin de su proyecto investigativo, a pesar de que al momento de adjudicárselo, en 2017, la universidad adquirió la obligación de contratarla por los 36 meses de duración. La universidad, por tanto, deberá devolver los fondos recibidos por la investigación.
"Los rectores han sido cómplices del acoso y discriminación sufrido por mujeres en sus instituciones. Se necesitará mucho más que un show mediático para confiar en ellos", dice Figueroa a Emol tras el anuncio del acuerdo. "A mí me truncaron mi carrera, me discriminaron, me violentaron y no he visto a ningún rector decir algo al respecto. Incluso el rector de la entidad tutora, Ennio Vivaldi, ha guardado sepulcral silencio respecto de las ilegalidades cometidas por su par en la UOH".
"Se valora el compromiso (adquirido por los rectores), pero no es vinculante. Que la equidad de género sea evaluada en forma transversal en criterios de acreditación del CNA es una opción más concreta"
Red de Investigadoras
Bravo, por su parte, considera que "las responsabilidades son amplias desde puestos de decisión, principalmente rectores y vicerrectores" y realiza un emplazamiento al rector de la institución, Rafael Correa, y de la casa de estudios tutora "para que la justicia y la verdad de los hechos salgan a la luz".
Con respecto al papel de la U. de Chile, la comisión de Educación recibió la aclaración de los alcances de esa tutoría, donde se señala que se trata de un "rol de apoyo y acompañamiento en acciones específicas realizadas a solicitud del rector de la nueva universidad, elaborando informes y propuestas que serán siempre una recomendación no vinculante" y que "no tiene ni podría tener injerencia alguna en la administración de dicha universidad ni en las decisiones que adopten sus autoridades en virtud de su autonomía".
Las académicas, por tanto, señalan que aún queda mucho por resolver y que el acuerdo anunciado, si bien significa un avance, no se hace cargo de las brechas que implica el funcionamiento de las universidades.
"Creemos que una forma más institucional de avanzar hacia que la equidad de género es establecer un criterio de evaluación transversal en la Comisión Nacional de Acreditación, de tal forma que se mida ítemes concretos en los cinco actuales criterios que se evalúan: docencia de pregrado, docencia de posgrado, investigación, vinculación con el medio y gestión institucional. Está demás decir lo preocupante que fue para nosotras este año que solo se nombraran hombres en esta comisión", concluye Bastías.
