SANTIAGO.- Por el momento, el Ministerio Público no puede referirse sobre el proyecto de control preventivo anunciado por el Ejecutivo que busca ampliar este mecanismo a mayores de 14 años, incluyendo también la facultad de registrar bienes.
Así lo señaló el fiscal nacional, Jorge Abbott, tras ser consultado sobre la polémica medida que ha puesto en discusión a distintas autoridades del mundo político y judicial. Ello, ya que la iniciativa será primero abordada de manera interna.
"Mañana y pasado mañana tenemos un consejo general de fiscales regionales que se va a desarrollar acá en Santiago y uno de los puntos es abordar este tema", partió asegurando el persecutor.
Precisó que el fin de aquello es "dar una respuesta técnica y consensuada respecto de este proyecto de ley que se está estudiando enviar al Congreso Nacional".
Distintas opiniones ha merecido la idea de rebajar la edad de quienes están sujetos al control que hoy se aplica para los mayores de 18 años.
Desde el gobierno lo tildan de necesario, considerando que, según informó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la participación de jóvenes entre 14 y 18 años aumentó en un 20% en robos con violencia e intimidación; 29% en robo de vehículos; 49% en porte y tenencia de armas; y un 90% en la participación de bandas criminales.
En tanto, el general director de Carabineros, Mario Rozas, defendió la eficacia de este tipo de métodos para la lucha contra la delincuencia: "Es una herramienta que disuade, que produce un efecto preventivo en los comunidad ".
Por su parte, el senador PPD, Felipe Harboe indicó que "no están dadas las condiciones hoy día para otorgarles más facultades a las policías"; mientras que su par en la DC, Francisco Huenchumilla, sostuvo que "no me gustan los controles de identidad en una sociedad libre. No creo que el combate de la delincuencia parta por esa medida, porque finalmente eso afecta a la gente más modesta".
Reparos también mostró la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien, expresó que solo anuncio del proyecto "no resulta coherente con lo mandatado por la Convención de los Derechos del Niño y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos".
En esa misma línea, el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, destacó la importancia de "cuidar que no se pase por encima" de nuestra legislación y convenciones internacionales en materia de infancia, considerando que estas tienen "como objeto que los menores fundamentalmente caminen hacia la rehabilitación y no hacia la prisión o hacia la condena".
