SANTIAGO.- El abogado de los denunciantes del ex sacerdote Fernando Karadima,
Juan Pablo Hermosilla, analizó esta mañana los alcances del reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual determinó que el Arzobispado capitalino debe pagar $300 millones a sus representados, resolución a la que la arquidiócesis decidió no apelar.
Tras afirmar en entrevista con
Emol TV que el fallo "culturalmente marca un cambio mayor" recordó el caso del sacerdote
José Andrés Aguirre, más conocido como
"cura Tato", y aludió a que el Arzobispado, hoy encabezado por el obispo y administrador apostólico,
Celestino Aós, también debiese indemnizar a las víctimas del fallecido presbítero.
En julio de 2004, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia penal contra de Aguirre -12 años de presidio- por los abusos sexuales cometidos en contra de diez menores, y estableció el pago de $100 millones a sus víctimas, monto que en caso de no poder ser desembolsado por el "cura Tato" , debía ser cubierto por el Arzobispado, como tercero civilmente responsable. Por ello, la institución eclesial decidió apelar, y en marzo de 2005 la Corte Suprema determinó absolverla de responsabilidades.
"A pesar de ese fallo de la Corte Suprema, creo que la Iglesia está en la obligación de indemnizar a las familias de las víctimas y a las víctimas. Está en la obligación ética de indemnizarlos y lo pueden hacer", insistió Hermosilla.
Y agregó: "Creo que eso sería un gesto increíble: que volvieran atrás, recogieran a esa gente dañada y dijeran 'saben, los voy a indemnizar igual".
Separación Iglesia-Estado
Por otro lado, y exponiendo otro de los alcances del fallo en el marco del caso Karadima, el jurista recordó una conversación que tuvo ayer con un abogado de su oficina, de nombre Pablo Carvacho. "Me decía una cosa bien profunda, que es el primer fallo que establece una separación real entre la Iglesia y el Estado en nuestra historia".
"Si ustedes miran los fallos anteriores en que negaban responsabilidad, siempre había una referencia al derecho canónico, un respeto a la institucionalidad de la Iglesia en que el Estado no quería intervenir y reconocía a la Iglesia como una entidad inmune al derecho", añadió.
Seguido de ello, continuó exponiendo que de ser correcta esta tesis, "esto va a significar un cambio mayor y creo que es una señal del Estado chileno, a través de la justicia, para decirle a la Iglesia 'sabe, usted tiene todas las garantías constitucionales, pero como cualquier institución, está sujeto a las normas penales y civiles, sobre todo en casos graves".
"Es el primer fallo en la historia chilena desde que nos independizamos en la que uno nota una separación entre el Estado y la Iglesia. Ese es un tema mayor", concluyó.
