SANTIAGO.- Se dijo a través de un comunicado, pero también en ese medio en el que la Contraloría General de la República suele moverse con soltura: las redes sociales, donde "Contralorito" se ha convertido en un caballo de batalla. "Hola, en relación al reportaje: elevar los estándares de la Contraloría para una mejor fiscalización ha sido una de los ejes de trabajo del contralor", afirmaron a través de un tuit.
El mensaje, en respuesta a la investigación publicada este domingo por La Tercera y que reveló una diferencia significativa en las fórmulas utilizadas para auditar a los municipios, fue emitido a las 9:46 horas. Decía, además, que quien encabeza la institución, Jorge Bermúdez, "estableció como política interna la búsqueda constante de las mejores fórmulas posibles para auditorías más precisas".
La cuenta de Twitter también se dedicó a entregar detalles y explicaciones de una de las aplicaciones concretas de la información publicada por el diario: el caso de la municipalidad de Viña del Mar, donde Contraloría detectó un déficit fiscal de más de $17.500 millones y que desembocó en una solicitud de destitución de la alcaldesa Virginia Reginato por parte de cuatro concejales de oposición. Ahora, la UDI pide la renuncia del contralor.
Apenas el martes pasado, en el aniversario número 92 de la institución, Bermúdez había abordado el proyecto de modernización a la ley orgánica que la rige. "Tradición no significa inmovilismo", dijo. "Por el contrario: el paso del tiempo, las nuevas realidades y las nuevas y justas exigencias de la ciudadanía obligan a esta institución a estar en una constante actitud de adopción de cambios", añadió.
Es día, el contralor general presentó un documento llamado "Pilares para la modernización de la Contraloría", un plan basado en cuatro ejes: autonomía, probidad, respeto y transparencia. Y es que desde hace meses que la institución podría aferrarse a un rescate, pues atraviesa lo que ha sido quizás hasta ahora su momento más complicado.
Modernizar la Contraloría
Fue precisamente en el aniversario de la institución, que contó con la presencia del Presidente Sebastián Piñera, cuando se anunció que el Gobierno presentará un proyecto de ley con el que buscan actualizar y modernizar las bases fundamentales de cómo funciona la Contraloría.
"El contralor, cumpliendo un compromiso que habíamos adquirido, me ha entregado una serie de propuestas para una modernización de la Contraloría General de la República", afirmó el Mandatario. "En las próximas semanas, como Gobierno, vamos a presentar un proyecto de una nueva Ley Orgánica Constitucional para la Contraloría, para adecuarla a los tiempos modernos".
El objetivo de la modernización, que había sido adelantada a fines de 2017, es que la institución "cumpla con mayor celo y mayor eficacia su función de velar por la legalidad y el buen uso de los recursos públicos" y fue planteado desde el programa de Gobierno. Además del trabajo que ha desarrollado la propia institución, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia hace lo propio.
"Durante 2019 vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley para modernizar la ley orgánica de la Contraloría. Hay una serie de materias que requieren cambios para fortalecer el rol preventivo y de la corrupción que cumple la Contraloría"
Ministro Blumel
"Nosotros como Gobierno también estamos elaborando propuestas y durante el año 2019 vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley para modernizar la ley orgánica de la Contraloría. Hay una serie de materias que requieren cambios para fortalecer el rol preventivo y de la corrupción que cumple la Contraloría", dijo el ministro de la cartera, Gonzalo Blumel.
El consenso sobre la necesidad de reformar la ley que regula sus funciones existe desde la década de los '70. "La Contraloría requiere modernidad en términos de información, pero sobre todo en cómo focalizar su gestión de auditoría", explicó a Pauta el académico de la U. de Chile, Luis Cordero. "Son muchas atribuciones reunidas en una sola mano, en una institución que además es unipersonal, donde todo el personal depende de la voluntad exclusiva del contralor".
Al respecto, se discute la idea de que la Contraloría cuente con un mandato colegiado, lo que podría sumar a la deliberación en la toma de decisiones. Sin embargo, tampoco existe una sola opinión consensuada respecto a la pertinencia de este cambio, pues hay quienes sugieren que podría generarse un nuevo mecanismo de repartición de cuotas.
"Efectivamente eso tiene una serie de ventajas respecto a laconducción plural de un ente tan fundamental como la Contraloría. La mayor parte de las reformas institucionales del último ha ido avanzando a la constitución de órganos colegiados, como por ejemplo la comisión de mercado financiero. El Banco Central lo hace hace muchísimo tiempo y funciona de muy buena manera", afirmó el ministro Blumel.
"Es un elemento que está sobre la mesa, que no está resuelto. Hay otros elementos también que tienen que ver con el personal de la Contraloría, normas de probidad y transparencia de inhabilidades, fortalecer el tema de los juicios de cuentas, entre otros aspectos que estamos estudiando y que creemos que es importante legislar", añadió.
Un conflicto en la Suprema y el TC
En lo reciente, fue en noviembre de 2016 cuando la Contraloría ingresó al Tribunal Constitucional una "contienda de competencias" —figura que se invoca cuando dos entidades estatales creen tener atribuciones para resolver una materia— entre la institución y el 29° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago con el objeto de "poner término a la situación de incertidumbre jurídica que se ha producido con motivo de un vacío legal".
Se trataba de la acción judicial interpuesta por 860 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con la que pedían su paso desde el sistema de AFP hacia la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena). En enero de 2017, el TC falló a favor de la Contraloría al decidir que el tribunal debía dejar de tramitar la causa "por carecer de atribuciones para ello".
Con el tiempo, un nuevo requerimiento ingresó al mismo juzgado, esta vez agrupando a 1.331 funcionarios. El requerimiento fue negado en principio, pero la Corte de Apelaciones lo acogió en fallo dividido y aprobó el cambio. La entidad contralora ya había dictaminado en múltiples ocasiones que ese tipo de trabajadores no cumplían con los requisitos para ser traspasados, pero ellos insistieron con la vía judicial.
Fue entonces cuando Bermúdez volvió a entrar en escena y decidió promover en el Senado también una "contienda de competencias", por considerar que los tribunales incurren en una "intromisión el las atribuciones que la Constitución y la ley han entregado a la CGR". Tras diez meses, los parlamentarios acordaron que el tema se resolvería por el pleno de la sala en marzo de 2017.
Fue la primera vez en 18 años en la que el Senado intervenía en una diferencia de este tipo y el 6 de marzo falló a favor de la Contraloría. Más de un año después, otra crisis golpearía a la institución, pero esta vez sería un impacto interno.
El factor Dorothy Pérez
Su nombre comenzó a sonar insistentemente en medios en agosto pasado. Dorothy Pérez, hasta ese momento subcontralora general, adquirió notoriedad cuando Bermúdez le solicitó la renuncia por una pérdida de confianza y ella se negó a presentarla, defendiendo que solamente el Presidente de la República podía destituirla.
En octubre, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por la defensa de Pérez y ordenó reintegrarla a su cargo. La decisión fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del contralor, ante la Corte Suprema.
Finalmente, a fines de noviembre, el máximo tribunal del país también respaldó a Pérez y ordenó su reintegración, un golpe duro para Bermúdez. En este contexto llega la nueva crisis para la institución: los flancos que abre el descubrimiento de las diferencias entre las fórmulas para calcular el déficit fiscal en municipios.
"Es necesario aclarar que tanto la normativa del sistema de contabilidad general de la nación, como en las normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), que la Contraloría utiliza en todas sus auditorías, indican los elementos a considerar para determinar el déficit", agregó la Contraloría en su declaración.
"Sin perjuicio de lo anterior, admite modalidades de cálculo que se deben adaptar a la realidad en cada caso, según la fiabilidad de la información", añadieron. Todos estos aspectos deberían abordarse en el proyecto de modernización del organismo.
