Cristián Carvallo, El Mercurio
SANTIAGO.- La
Contraloría General de la República emitió un reporte que ordena abrir sumarios administrativos para determinar presuntas irregularidades en el
proyecto Alameda-Providencia que fue descartado por el gobierno regional por no haber probado "la pre factibilidad y factibilidad", según dijo la intendenta
Karla Rubilar.
Según consignó La Tercera, el informe fue publicado el pasado 27 de marzo y señala que los desembolsos pagados por los tres contratos existentes ascendían a $3.602 millones al 28 de febrero de 2018.
Los principales ítems contemplados fueron el diseño, por parte de la
empresa Duap, a la que se le pagaron
$2.657 millones; el proceso de participación ciudadana, con
Fundación Casa de la Paz, a la cual se le cancelaron
$208 millones y el plan comunicacional, hecho por el
Estudio Racimo, que recibió
$49.517.667.
Además, se contrató a un equipo de trabajo a cargo de la iniciativa, por un monto de $637 millones entre 2014 y 2018.
En concreto, el ente fiscalizador detectó incumplimientos por parte de Duap ya que se registraron atrasos en un estudio que debía realizar la consultora, denominado "Microsimulación de tramos" (análisis sobre cómo operan los flujos vehiculares en el eje). La compañía debía presentarlo en marzo de 2017, pero aún no estaba terminado en mayo de 2018 (mes de cierre de la investigación de la Contraloría); es decir, registró un retraso de 295 días y que tenía un 52% de avance a esa fecha.
El documento del ente fiscalizador agregó que el jefe de División de Análisis del Gobierno Regional alertó al encargado del proyecto en julio de 2017 que ello "constituye un incumplimiento grave".
También destacó que en agosto de 2017 nuevamente se informó al jefe de proyecto de la consultoría que "los modelos que reporta el informe presentan errores básicos, que dan cuenta de la falta de prolijidad o de conocimiento".
Por ejemplo, se presentaba la superposición de vehículos particulares y buses articulados en el eje Alameda, "situación que es imposible en la realidad".
Además, el documento afirmó que el gobierno regional no aplicó multas por los atrasos de la entrega de análisis comprometidos por $230 millones.
Consultado al respecto, el medio no obtuvo respuesta del ex intendente Claudio Orrego, quien lideró el proyecto en la administración anterior.
