SANTIAGO.- Un fuerte golpe fue el que recibió el Poder Judicial la semana pasada, cuando, en el marco de la investigación sumaría que lleva la ministra de la Corte Suprema
Rosa María Maggi, se determinó suspender por un máximo de cuatro meses a los magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, quienes se sumaron al también inhabilitado juez
Emilio Elgueta. Todos apuntados por presunto tráfico de influencias.
Situación que no solo derivó en la indagación interna del máximo tribunal, ya que de forma paralela el Ministerio Público está llevando a cabo acciones para determinar responsabilidades en estos actos de supuesta corrupción al interior del tribunal rancagüinio: sumado a los tres jueces mencionados, serían alrededor de 20 las personas investigadas por la fiscalía en medio de esta crisis.
Actualmente las investigaciones radicadas en el Ministerio Público en torno a esta causa se dividen en dos: Una es la que está en manos de la fiscalía regional de O'Higgins y que tiene que ver con los fallos que han emitido los magistrados suspendidos, lo que podría constituir delitos por prevaricación e enriquecimiento ilícito. La otra es llevada por la fiscalía Metropolitana Sur, y busca comprobar ilícitos relacionados con negociación incompatible y nombramientos ilegales.
La decisión de separar las causas surge del fiscal nacional Jorge Abbott, y se da días después de que el senador PS Juan Pablo Letelierle manifestara su preocupación por el caso que remece a la Corte rancagüina.
De este modo, esta parte de la indagatoria la saca de O'Higgins para asignarla a la Fiscalía del Maule, pero su jefe regional, Julio Contardo, se inhabilitó argumentando que conocía a uno de los jueces desde la universidad. Es por esto que Abbott la asignó a la Fiscalía Sur.
De momento, la fiscalía ha fijado fecha para formalizar solo a uno de los supuestos involucrados, el magistrado Emilio Elgueta, audiencia que se concretará el próximo 26 de abril. El persecutor Emiliano Arias, a cargo de parte la indagación de la fiscalía de O'Higgins, anunció que están analizando nuevas formalizaciones, e incluso sostuvo una reunión con la ministra Rosa María Maggi -quien lidera el sumario del máximo tribunal- en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Daños al Poder Judicial
Entendidos en la materia han destacado la rápida reacción y trabajo coordinado entre los órganos encargados de indagar este caso, pero al mismo tiempo dan cuenta del innegable daño que este tipo de hechos provocan al Poder Judicial. Esto, considerando que la última encuesta Cadem arrojó un retroceso de dos puntos en la aprobación de los tribunales de justicia, anotando un 24% de respaldo.
En entrevista con La Tercera, el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, sostuvo que "tenemos un gran daño de credibilidad, confianza y prestigio del Poder Judicial", recalcando además el perjuicio a "la moral" de los funcionarios de los tribunales del país, quienes, a su juicio, "en su inmensa mayoría ejercen bien su labor".
Mientras que el presidente del máximo, Haroldo Brito, dijo anoche que "estamos muy conscientes de que estamos viviendo hechos graves (...). Esto se debe investigar, se debe esclarecer y de haber responsabilidades, deben hacerse efectivas".
En esa línea, el doctor en derecho penal, Marcelo Hadwa, sobre la base de que esto se trata de un "caso inédito y muy difícil", señaló que los costos podrían trascender al Poder Judicial y dañar al país completo. "Se trata sin duda de un tema serio, muy grave", manifestó a Emol.
"Tenemos un gran daño de credibilidad, confianza y prestigio del Poder Judicial".
Lamberto Cisternas
"El Poder Judicial cumple un rol fundamental en los estados democráticos, en los jueces está depositada la confianza de la ciudadanía para el cumplimiento de las normas que gobiernan a toda la sociedad. Estamos hablando de una pieza clave para el desarrollo de un país. Pensemos solamente en el papel fundamental que cumplen los tribunales en la lucha contra la corrupción", añadió.
Mientras que la presidenta de la Asociación de Magistrados, María Soledad Piñeiro, si bien expuso que el daño más evidente tiene que ver con la desconfianza de la ciudadanía al "trabajo de las juezas y jueces", subrayó que sería un error pensar "que todos mantenemos conductas como las imputadas".
¿Cambios al sistema?
Por lo mismo, indicó que "como asociación estamos por eliminar enérgicamente todo vacío o mal diseño de sistemas que permitan estas acciones y que además favorezcan su ocultamiento", por lo mismo apuntó a la necesidad de "un cambio estructural" al interior del Poder Judicial, señalando que "el actual sistema de nombramientos, de régimen de responsabilidad, de carrera judicial, y en general, del gobierno judicial, atenta contra la independencia de jueces y juezas".
"Es indispensable reservar a las cortes solo la tarea de fallar, permitiendo mayor cantidad de fallos y de mejor calidad", enfatizó Piñeiro.
Respecto a eventuales modificaciones al interior del Poder Judicial a raíz de este caso, el diputado y miembro de la comisión de Justicia Marcelo Díaz (PS), fue más cauto. Por un lado afirmó que "evidentemente de esto hay que sacar lecciones y conclusiones", pero indicó que la implementación de medidas "cuando las investigaciones van sobre la marcha, no son las más adecuadas".
"Es indispensable reservar a las cortes solo la tarea de fallar, permitiendo mayor cantidad de fallos y de mejor calidad".
Soledad Piñeiro
"Lo primero es investigar, llegar al fondo de los que hay detrás de todo este trama de corrupción y en paralelo ir pensando si a partir de aquello es necesario ir haciendo modificaciones. Creo que no hay que descartarlo, pero tampoco precipitarse", dijo el parlamentario.
Por último Hadwa planteó que se podría analizar "un mejoramiento de los sistemas de selección, desde el punto de vista de la transparencia. Y quizás un mayor control en la forma en que se distribuyen las causas".
