SANTIAGO.- Producto de la crisis que afecta al Ministerio Público y al Poder Judicial por el denominado caso jueces de Rancagua, diversas voces ligadas a ambas instituciones han planteado la idea de cambiar el sistema de designación de jueces y fiscales con miras no dejar espacios para irregularidades.
Idea que el Gobierno está analizando. Así lo afirmó el pasado lunes la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien aseguró que "estamos estudiando el sistema por el cual se designan, se evalúan y se controlan tanto jueces como fiscales. Creemos que tiene que existir eventualmente un cambio".
Sistema de nombramientos en Chile
Para ser miembro de la Corte Suprema en Chile es necesario que el Presidente de la República elija a un candidato a partir de una nómina de cinco personas compuesta por el máximo tribunal. Seguido de ello, la opción del Mandatario pasa al Senado un nombre, que debe ser aprobado por dos tercios de sus miembros en ejercicio.
Si la Cámara Alta no visa la opción del Presidente, la Corte tendrá que completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiendo el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
En tanto, los ministros y fiscales judiciales de las cortes de Apelaciones son designados por el Presidente a partir de una terna propuesta por la Suprema, sin que se pronuncie el Senado.
En cuanto a los persecutores del país, quienes aspiren a la posición de fiscal regional tendrán que ser nombrados por el fiscal nacional, tras ser propuestos en la lista de tres nombres que entregará la Corte de Apelaciones respectiva. Y en caso de que dentro de la región en cuestión exista más de un tribunal de alzada -como en la Metropolitana-, la nómina será formada por un pleno conjunto de todos ellos.
"El actual sistema de nombramientos, de régimen de responsabilidad, de carrera judicial, y en general, del gobierno judicial, atenta contra la independencia de jueces", señalaron a Emol hace algunos días desde la Asociación de Magistrados, en línea con algunos jurista que han criticando a la forma de elección de los fiscales regionales, quienes necesitan la venía de miembros de los tribunales de alzada para llegar al cargo.
Pero ¿cómo se realizan estas designaciones en otros países?
Estados Unidos
En cuanto al nombramiento de jueces en Estados Unidos, hay que tener presente que en dicho país existen dos niveles de justicia: la estatal y la federal. En el primero, cada estado decide cómo elige sus jueces, lo que va desde la elección popular hasta el nombramiento por parte de los gobernadores con la debida aprobación de los órganos legisladores estatales.
Mientras que en el nivel federal -superior en la jerarquía judicial-, las elecciones de jueces corresponden al Presidente de EE.UU. y confirmados por el Senado. Así son nombrados los magistrados de los juzgados de distrito federal, los de juzgados de apelación y los de la Corte Suprema.
En tanto, el nombramiento de los fiscales de distrito en el país norteamericano va a depender del sistema particular de cada estado, en ese sentido, podrían ser electos por voto popular o por el Ejecutivo de su respectiva jurisdicción.
Perú
En Perú, el sistema de nombramientos tanto de jueces como de fiscales de todos los niveles está en manos de la Junta Nacional de Justicia, un organismos constitucional autónomo que además tiene la potestad de ratificar y destituir a los magistrados y persecutores.
Las elecciones se hacen previo concurso público de méritos y evaluación personal, mientras que cada siete años deberán ratificar o destituir a los jueces y fiscales, y quienes no logren su continuidad no podrán reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público.
Los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia son: ser peruano de nacimiento, mayor de 45 años, ser abogado, contar con al menos 25 años de experiencia profesional y haber ejercido labores de investigador en materia jurídica por 15 años como mínimo.
Francia
En Francia, es el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) el órgano constitucional encargado de asistir al Presidente de la República en la tarea de garantizar la independencia de la autoridad judicial y nombrar a los jueces y fiscales del país.
La sala competente sobre los magistrados está integrada por cinco jueces, un fiscal, un consejo de Estado y tres miembros nombrados por el Presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional y el Senado.
Mientras que la sala encargada de sugerir persecutores está compuesta por cinco fiscales, un juez, un consejero de Estado y tres miembros nombrados por el Presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional y del Senado.
Las distintas instancias hacen proposiciones al jefe de Estado, quien finalmente es el encargado de hacer los nombramientos correspondientes vía decreto.
Argentina
El nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Argentina lo realiza el Presidente de la República con acuerdo del Senado, en donde debe existir una mayoría especial de dos tercios.
Por su parte, los jueces de los tribunales inferiores a la Suprema son nombrados por el Presidente, en base a una terna que presenta el Consejo de la Magistratura. Tras ellos, se requiere que el Senado apruebe la elección, con dos tercios de quorum.
El Consejo de la Magistratura se integra por 13 miembros: tres representantes del Poder Judicial, tres senadores y tres diputados, dos abogados, un representante del sector académico y uno del Ejecutivo.
En tanto, los fiscales federales y nacionales de la capital federal, ambos dependientes del Ministerio Público Fiscal, deben pasar por un mismo proceso de selección. En caso de generarse una vacante, el Procurador General de la Nación debe convocar a un concurso público y quienes aspiren al cargo tienen que inscribirse.
Finalizado el proceso, el procurador debe entregar una terna de candidatos al Ejecutivo para que designe el nombre, quien tiene que ser visado en el Senado. Una vez realizado aquello, el Presidente concreta el nombramiento vía decreto.
Bolivia
Los tribunales de justicia de Bolivia se integran por elección popular desde el año 2011, así son seleccionados los 52 representantes del órgano judicial del país sudamericano.
Para optar a los cargos mencionados se postulan cerca de 600 personas, de esos, 96 son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que los selecciona en base a sus méritos académicos y laborales, tras ese proceso, pasan a votación popular.
De esos 96, 18 son electos para integrar el Tribunal Suprema, otros 18 para el Tribunal Constitucional, 10 para el tribunal Agroambiental y seis para el Consejo de la Magistratura. Estos magistrados no tienen posibilidad de reelección tras los seis años en que se extiende el cargo.
Además, los candidatos no deben estas adscritos a ningún partido político y no pueden realizar campañas electorales.
España
La elección de magistrados en España se da bajo varios sistemas. Están los denominados jueces de paz, quienes ejercen en los municipios donde no existen juzgados de primera instancia y están encargados de resolver cuestiones de menor relevancia. No requieren ser licenciados en Derecho y son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma a propuesta de la alcaldía respectiva.
Mientras que los magistrados, que son los jueces profesionales que actúan en órganos judiciales superiores, como las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, son seleccionados a través del Consejo General del Poder Judicial, órgano integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, doce jueces y magistrados y ocho juristas de reconocida trayectoria designados por el Congreso.
Mientras que el Tribunal Supremo está formado por magistrados nombrados por el Rey y en base a una propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
