El acuerdo generó el absoluto rechazo de diversos sectores. Los primeros en manifestarse fueron los integrantes de la Fundación para la Confianza y la Red de Víctimas de Abusos en la Iglesia católica: "Se ha dañado la confianza de las personas que buscan en el Ministerio Público un ente de protección a las víctimas y persecución de los delitos", expresaron.
Por su parte, desde la Asociación de Fiscales calificaron como un "error" dicho convenio, asegurando que éste debe ser "corregido rápidamente". Críticas que derivaron en que el Ministerio Público anunciara la revisión de acuerdo.
Posible citación a la Cámara
Pese a ello, los reproches hacia la iniciativa impulsada por Abbott igualmente llegaron desde el mundo político, y es que la comisión de Constitución de la Cámara no descarta citar al fiscal nacional para que explique los alcances del convenio.
"Vamos a evaluar con posibilidad de invitar al fiscal nacional para que pueda aclarar todas las dudas y, por supuesto, recibir los cuestionamientos de parte de los diputados. La verdad es que fue una mala decisión del Ministerio Público, creo que el fiscal nacional estuvo mal asesorado en esta cuestión", sostuvo el diputado Matías Walker (DC), presidente de la comisión mencionada.
"Esto puede ser una traba en la administración de justicia en materia de abuso sexual, más que una ayuda a ese propósito", agregó.
En tanto, el también miembro de la comisión de Constitución, Jorge Alessandri (UDI), señaló que "lo que me extrañó a mí es que también la fiscalía entrega información a una institución como la Iglesia, que es un potencial investigado. Entonces, me parece que se sale un poco del objetivo que le manda la Constitución y las leyes de nuestro país".
"Vamos a evaluar con posibilidad de invitar al fiscal nacional para que pueda aclarar todas las dudas y, por supuesto, recibir los cuestionamientos de parte de los diputados"
Matías Walker
"Si el diputado Matías Walker propone que invitemos al fiscal nacional a la comisión, yo creo que es una buena idea", añadió
Mientras que el diputado humanista, Tomás Hirsch, comentó que "el arzobispado ha sido investigado, hoy día forma parte de la red de victimarios, de la red de silencio, de la red de protección; y que estén firmando un acuerdo para entregar antecedentes a la ley cuando eso es lo que tienen que hacer justamente por cumplir con la ley, la verdad que nos parece insólito".
Reunión con Letelier y pugna con Arias
Pero esta no es la única situación incómoda que ha debido enfrentar Abbott durante el último tiempo. El fiscal nacional tuvo que abordar las críticas referentes al encuentro del pasado 19 de noviembre con el senador Juan Pablo Letelier (PS), las que algunos apuntaban que habría sido con el fin de parte del legislador de realizar gestiones en favor de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua investigados por presuntos actos de corrupción.
"Es fácil opinar desde la ignorancia o desde la mala fe para quienes no son conscientes del daño que pueden causar en la reputación de las instituciones y de las personas cuando se emiten comentarios para los que no se cuenta con información completa", sostuvo al respecto el fiscal nacional.
A ello, se suma la investigación administrativa y penal en contra del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, por presuntas irregularidades cometidas durante algunas investigaciones que llevó adelante. Esto, tras las denuncias interpuestas por el persecutor de Alta Complejidad de la misma región, Sergio Moya.
"Esta ya no es la misma institución que creó y formó don Guillermo Piedrabuena. Esta no es la misma institución que consolida Sabas Chahuán (...). La institución evidentemente está en crisis", sostuvo hace alguna semana Arias -tras conocer la acusación de su subalterno-, cuestionando la gestión de Abbott.
Tensión entre Abbott y Arias que no es nueva. Y es que desde que el primero asumió como fiscal nacional en 2015, el jefe de la fiscalía de O'Higgins ha sido sumariado en otras dos ocasiones, siendo sancionado por una de ellas.
Esta tarde, además, se conoció que el fiscal nacional resolvió, como "medida preventiva", suspender a Arias de sus funciones como fiscal regional mientras dure la investigación en su contra en relación a las denuncias de Moya.
Solicitud de destitución
Incluso el jefe del Ministerio Público el pasado octubre debió sortear una solicitud de destitución por parte de miembros del Frente Amplio -que luego fue suscrita por algunos otros legisladores de oposición-, la que finalmente fue rechazada por la Corte Suprema.
Aquella petición frenteamplista se basó en las palabras del persecutor durante la cuenta pública de la fiscalía el año pasado, cuando pidió "celeridad" a los fiscales en casos que involucren a parlamentarios, además de las polémicas reuniones que sostuvo con el ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto a la situación de Iván Moreira, y con los abogados de dos indagados en los casos Penta y SQM, quienes pedían unificar las investigaciones en una sola.
De hecho, en medio de la nueva polémica, diputados de dicha coalición, Claudia Mix y Gonzalo Winter, anunciaron hoy la creación de una mesa de trabajo con miras a "modernizar" el Ministerio Público, la que apunta, entre otras cosas, a regular el nombramiento del fiscal nacional y el de los persecutores regionales.
