SANTIAGO.- En dos páginas, el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, a cargo de la investigación administrativa contra su par en O'Higgins, Emiliano Arias, pidió al Juzgado de Garantía de Rancagua dejar sin efecto la audiencia de sobreseimiento que había solicitado respecto este último y el persecutor Sergio Moya en el marco del caso Caval.
Los hechos son así. En marzo del año pasado, el fiscal nacional, Jorge Abbott, designó a Ayala para que indagara a ambos debido a la querella interpuesta por Sebastián Dávalos por el delito de violación de secreto.
A casi un año de aquello, otra disputa se inició en la zona, esta vez entre Moya y Arias. El primero denunció a su superior jerárquico por una serie de irregularidades -que tocan también el caso Caval-; y el segundo, al fiscal adjunto por la comunicación de falsos hechos que "atentan" contra su honra.
Para investigar a Arias, Abbott nuevamente designó a Ayala quien coincidentemente pidió al tribunal de Rancagua una audiencia para suspender definitivamente la investigación por violación de secreto.
Aquello no fue del agrado de Dávalos, quien el viernes de la semana pasada aseguró tener la "impresión de que el Ministerio Público no tiene ganas de investigar cuando se trata de ellos" y que en febrero había pedido "una audiencia con el fiscal Ayala en una causa en la que soy querellante", pero que aún no tiene respuesta.
Así también, el hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet señaló que iba a aportar información en la indagatoria penal contra de Arias que también derivo de la denuncia de Moya.
Cambio de opinión
El mismo día que Dávalos criticó el actuar de la fiscalía, Ayala ingresó al tribunal de Rancagua el documento donde pedía dejar sin efecto la audiencia de sobreseimiento definitivo contra los persecutores regional y de la unidad de Alta Complejidad que estaba agendada para el 31 de mayo a las 10:00.
En el papel, el regional de Antofagasta asegura que, "con posterioridad al 10 de abril de 2019, fecha del cierre administrativo de esta investigación, y luego de la resolución de SS. (su señoría) de fecha 22 de abril de 2019, que fijó la fecha de audiencia antes señalada, el Fiscal Regional que suscribe recibió antecedentes de relevancia sustancial relativos a los hechos investigados y que no habían sido conocidos previamente".
Concluye el requerimiento asegurando que, en conocimiento de dichos nuevos antecedentes, tiene "la obligación legal de adecuar sus actos a un criterio objetivo, de practicar todas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores".
