SANTIAGO.- El viernes 3 de agosto del año pasado, en Punta de Tralca, se llevó a cabo una reservada asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Al igual que otras, esta reunión de los obispos chilenos se extendió por cinco días, pero tenía un rótulo especial: se trataba de un encuentro "extraordinario".
En la cita las autoridades eclesiásticas se abocaron a buscar soluciones a la crisis que afecta a la Iglesia debido a los abusos perpetrados por clérigos. De hecho, cuando el presidente del episcopado, obispo Santiago Silva, salió a dar a conocer a la prensa las principales conclusiones derivadas en la asamblea, dos fueron los anuncios más destacados: hacer públicas las investigaciones por vejámenes a menores que lleve la justicia canónica y buscar un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público.
Ese fue la génesis del convenio firmado hace una semana entre el obispo Fernando Ramos y el fiscal nacional, Jorge Abbott, repudiado por las víctimas, parte del mundo político y que dejó en una incómoda posición al líder de los persecutores.
Pero en agosto pasado, la idea de los obispos encontró tierra fértil en la fiscalía. Dos meses antes el Ministerio Público había manifestado al enviado especial del Papa Francisco, el arzobispo de Malta Charles Scicluna, la intención de que exista un mayor acercamiento entre las autoridades civiles y eclesiásticas en Chile. Uno de sus objetivos era tener acceso al llamado "Informe Scicluna" que recogió las denuncias que cientos de fieles realizaron al enviado papal.
"Se habló sobre la necesidad existente entre la Iglesia y Ministerio Público de cooperar para poder establecer la existencia de los hechos y las responsabilidades de los integrantes en materia de abusos", expuso el religioso maltés tras la cita.
Según sostuvo el fiscal Emiliano Arias -quien también estuvo en la reunión- la idea era "dar confianza" a los fieles para que se acerquen a la justicia civil, considerando que muchos de los que se acercaron a Scicluna para describir abusos de conciencia y sexuales perpetrados por religiosos del país no lo han hecho ante la fiscalía.
Entendidos sobre el tema y víctimas de abusos han sostenido que el error de cálculo de la fiscalía fue confundir a la Conferencia Episcopal con la comisión de escucha –también conocida como comisión Scicluna-, unidad encargada por el Arzobispo de Malta, para recibir nuevas denuncias que él no alcanzó a recoger.
Equipos jurídicos
Así comenzaron las negociaciones entre los equipos jurídicos del Ministerio Público y la Conferencia Episcopal para la firma del convenio.
De parte de la Conferencia Episcopal quienes se encargaron de guiar las conversaciones con la fiscalía fueron tres: la abogada Ana María Celis, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, y la directora del departamento de prevención de abusos, Pilar Ramírez.
Por el lado de la fiscalía, en tanto, la voz oficial la tenían desde la Unidad Especializada en Derecho Humanos, Violencia de Género y Delitos, encabezada por la abogada Ymay Ortíz, además de la cooperación del abogado asesor de dicha unidad Maurizio Sovino.
Firma del convenio
Exactamente hace una semana las negociaciones llegaron a término. Ese día el secretario general de la Conferencia Episcopal, obispo Fernando Ramos, y Abbott llamaron a una conferencia de prensa para presentar el acuerdo que establecía lineamientos para supuestamente favorecer el desarrollo de investigaciones pasadas, en curso o próximas por abusos sexuales a menores, teniendo como uno de sus principales objetivos el intercambio de información respecto de delitos sexuales de miembros de la Iglesia.
Acuerdo que se extendía a las 27 diócesis del país, y que en cosa de días vivió su primera polémica cuando tres congregaciones -que estaban convocadas pero no obligadas- decidieron no suscribir: jesuitas, los mercedarios y franciscanos. "El convenio va más allá de lo que nos exige la ley", sostuvo Ramos para defender el documento, lo que no impidió que los cuestionamientos se acrecentaran.
Y es que llegó el rechazo total de parte de la Fundación para la Confianza y la Red de Víctimas de Abusos, quienes se manifestaron en contra del convenio argumentando que éste tenía una consideración especial con los mismos indagados. Críticas a las que se acopló parte del mundo político, e incluso desde la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados -presidida por Matías Walker- no descartaron citar al fiscal nacional. "Fue una mala decisión del Ministerio Público", señaló Walker.
Descartado
Tras entablar reuniones con las organizaciones de víctimas, Abbott finalmente cedió a la presión. Ayer la máxima autoridad del ente persecutor estableció dejar sin efecto el acuerdo. "La fiscalía nacional lamenta profundamente que la firma del documento, como acto simbólico, haya generado desconfianza y producido un impacto doloroso en las víctimas. Situación que no fue prevista ni deseada por la institución", apuntó.
Esta mañana, en entrevista con La Tercera, el jefe del Ministerio Público explicó que "la razón para llegar a un convenio con la Conferencia Episcopal básicamente fue el éxito que se tuvo y que se ha tenido, hasta ahora, con la Comisión Escucha, con la comisión Scicluna. A través de ella hemos tenido más de 60 denuncias que están en actual investigación".
"Entonces nuestra reflexión fue: ¿Cómo poder llegar a aquellos católicos que aún están bajo el alero de la Iglesia, que aún tienen vinculación con la jerarquía eclesiástica, que tienen una estrecha relación con los sacerdotes, cómo poder llegar a esas víctimas que siguen estando invisibilizadas?", agregando que eran víctimas como Marcela Aranda -denunciante de Renato Poblete y quien no se ha acercado a la fiscalía- "a las que queríamos llegar", y negando la intención de dar inmunidad "a nadie".
"Son gente muy mala"
En tanto, el diputado Walker, si bien reconoció a Emol el gesto de Abbott al admitir haber cometido un error y bajar el convenio, sostuvo que la lección que deja esto es que "cualquier acción pública del Ministerio Público tiene que ser escuchando a los sobrevivientes de abuso sexual, a las víctimas".
"Nunca puede ser obligación del Ministerio Público dar a conocer a la Conferencia Episcopal respecto de los miembros del clero que son objetos de investigación", recalcó, añadiendo que el punto más cuestionable del fallido acuerdo dice relación con "la cláusula de resolución de controversia, que decía que cualquier diferencia se resolvía directamente entre las partes, entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio Público, y no por los tribunales de justicia, que era lo lógico".
La Conferencia Episcopal, Ramos, esta señora Celis y el obispo González, este grupo, estaba trabajando este convenio hace meses. Son tipos muy siniestros. No hay que subestimar la fuerza o la inteligencia del oponente. Son gente muy mala."
James Hamilton
Para Walker, bastaba con "un instrumento de parte de la Conferencia Episcopal a todos los miembros del clero para que siempre sea obligación el poner cualquier antecedente de abuso sexual en conocimiento de la fiscalía (...). Las víctimas estaban muy conformes con el trabajo de la comisión Scicluna.
Se equivocó al fiscalía al considerar a la Conferencia Episcopal como interlocutor".
Mientras que el director de la Fundación para la Confianza, James Hamilton, también valoró el retiro del convenio y aseguró que al interior de la fiscalía existe una "confusión" entre lo que es la comisión Scicluna y la Conferencia Episcopal, deslizando que la primera se creó "por desconfianza" a la segunda.
"Entonces, la Conferencia Episcopal, que tiene varios obispos que están en este momento en cuestionamiento -y esperamos que sean rápidamente procesados- se aprovecha de estas circunstancias para blanquear su imagen y armar con esta señora Celis este convenio trucho", dijo en entrevisto con Tele13 Radio.
Seguido de ello, indicó que cuando las víctimas se reunieron con Abbott el pasado viernes "la encargada de DD.HH. nos explicó una serie de cosas que nosotros ya sabíamos sobre la comisión Scicluna y cómo estaban coordinando las cosas. Nos hablaban de un lenguaje que conocíamos, entonces cuando nos explican todo esto, nos pegábamos en la cabeza diciendo 'cómo le dan pie a la Conferencia Episcopal como interlocutor válido'. O sea, eso era lo que a nosotros no nos cabía en la cabeza".
"La Conferencia Episcopal, Ramos, esta señora Celis y el obispo González, este grupo, estaba trabajando este convenio hace meses. Son tipos muy siniestros. No hay que subestimar la fuerza o la inteligencia del oponente. Son gente muy mala", concluyó Hamilton.
