Los diputados RN Gonzalo Fuenzalida y Paulina Núñez llegaron hasta la Contraloría General para que se pronuncie, mediante un dictamen, sobre las eventuales responsabilidades de los funcionarios de Gendarmería frente a las irregularidades que se desprendieron de la "Operación Bisagra", la que permitió desarticular un verdadero refugio narco al interior de Colina 2, donde los reclusos gozaban de especiales privilegios.
Los parlamentarios además solicitaron que se instruya un nuevo sumario administrativo y se adopten medidas que tengan por objeto prevenir y revertir este tipo de irregularidades pero en el tiempo, frente al fracaso de medidas anteriores como lo ocurrido en el año 2007 tal como señala la presentación.
"Aparte de lo impactante que puede ser que delincuentes condenados vivan en cárceles VIP, con todos los accesos a lujos, a drogas y alcohol, que no está permitido, es la falta de Estado en esos lugares. O sea el Estado no es capaz de controlar esos espacios. No es capaz de entrar, porque en Colina 2 tenían cerrado, incluso para los gendarmes", sostuvo el diputado Fuenzalida.
En ese sentido, el legislador se preguntó: "¿En cuántas cárceles pasa lo mismo?. Por eso hemos venido hoy a la Contraloría, porque ésta sí tiene que hacer un plan de fiscalización, porque acá hay funcionarios públicos que ejercen una función y que no la están haciendo bien".
En el escrito los parlamentarios explicaron también que estas "irregularidades denunciadas se han mantenido en el tiempo. Desde el año 2007 que se vienen denunciando una serie de condiciones de privilegios al interior del módulo beta. Cuando la fiscal Mónica Maldonado advirtió que, efectivamente, los habitantes de este módulo tenían una serie de privilegios, interviniendo con estrategias para revertir esta situación sin éxito como es posible constatar".
Asimismo, Fuenzalida destacó que el ministro de Justicia Hernán Larraín y el director actual, el coronel Christian Alveal, "tuvieron los pantalones para enfrentar esto. Por lo menos han dado un primer paso y nosotros vamos a apoyar esto desde otro punto de vista, que es exigir la acción de la Contraloría en fiscalizar. Esto es una buena noticia y un muy primer paso, pero hay que seguir".
En tanto, para la diputada Paulina Núñez, "lo grave acá es la existencia de falta de control del Estado en algunos recintos. Lo que no puede ocurrir en Chile, es que los narcotraficantes lideren sus organizaciones fuera y dentro de las cárceles".
