SANTIAGO.- El 29 de abril de este año, el Consejo para la Transparencia (CPLT) eligió por mayoría como nuevo presidente al abogado y licenciado en Derecho de la Universidad Católica, Jorge Jaraquemada Roblero, quien ya había cumplido esa función entre 2013 y 2014 y ahora permanecerá en el cargo hasta 2020.
Esta vez, asumió en un complejo momento. Las investigaciones por tráfico de influencias en la Corte de Apelaciones de Rancagua y la Fiscalía Regional de esa zona, sumado a los fraudes en Carabineros y el Ejército, más el ascendente descrédito ciudadano de la política, han configurado una crisis institucional que el jurista está dispuesto a enfrentar.
De hecho, en una de sus primeras entrevistas en
Emol TV, Jaraquemada subrayó que "esas situaciones, van socavando y minando las instituciones. Y cuando las instituciones van perdiendo credibilidad, nos encontramos frente a un proceso muy serio de deterioramiento de la democracia y ese es el problema que debemos enfrentar e intentar detener".
Asimismo, a una semana de asumir en el cargo, sostuvo que "cuando tienes una corrupción generalizada que además penetra en ciertas instituciones básicas de la democracia como son por ejemplo el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas, o las policías, claramente estamos ante una alerta roja".
"Cuando la situación de corrupción se comienza a extender y comienza a infiltrarse en un sinnúmero de instituciones, porque eso es precisamente lo que conduce al socavamiento de la democracia. Y eso es lo que debiésemos estar llamados a cuidar", añadió, junto con destacar que las acciones emprendidas anteriormente parecen insuficientes.
"Ha habido muchas ventanas de oportunidad a lo largo de los últimos veinte años donde hemos hecho acuerdos para mejorar nuestra institucionalidad y luchar en contra de la corrupción y en favor de la transparencia y de la probidad. Sin embargo, creo que nos hemos ido quedando cortos", subrayó.
En ese contexto, el titular del CPLT decidió configurar una ronda de reuniones con los tres poderes del Estado y otras instituciones públicas para lograr configurar un nuevo Acuerdo Nacional Anticorrupción, con el objetivo de actualizar y modernizar las herramientas pro transparencias existentes hace diez años en el país.
Las propuestas del Consejo
Fue así que el 11 de mayo propuso una serie de cambios regulatorios ante la crisis en el Ministerio Público protagonizada por los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya. "Una solución que se ha visto en la experiencia comparada es que los controles sean externos y no solamente estén entregados a la mera autoregulación de la propia institución", indicó.
Ese mismo día, Jaraquemada acudió al Palacio de La Moneda para sostener una reunión con el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, a quién le planteó la necesidad de convocar a un acuerdo nacional, junto con desarrollar un trabajo para levantar información de todas las medidas anunciadas en esa matera desde 1994 hasta hoy.
Tras el encuentro con el secretario de Estado, explicó que entre ellas hay iniciativas "que eventualmente no estaban lo suficientemente maduras o por distintas razones no hubo acuerdo político para avanzar en ellas", y añadió que analizarán
"las mejores prácticas internacionales que permitan avanzar en áreas que hoy muestran debilidades".
Asimismo, subrayó que se trata de una propuesta "bastante más macro y desafiante, y que es que hay que aprovechar esta circunstancia de una serie de irregularidades que hoy estamos viendo bastante extendidas en diversas instituciones muy relevantes para la democracia como una ventana de oportunidad".
Dos días después, la autoridad se reunió con el presidente de Chile Transparente, Manuel Marfán, con quien acordó una agenda conjunta para avanzar en el acuerdo nacional. Y lo mismo hizo el 14 de mayo con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, a quien le presentó algunas de las ideas para ese propósito.
Luego del encuentro, el jurista destacó la necesidad de realizar cambios regulatorios e implementar nuevas medidas a partir de experiencias internacionales. "Ese es el gran desafío de mi gestión. Y que tiene que ver con el llamado a los poderes públicos y a otros organismos autónomos a constituir un gran Acuerdo Nacional Anticorrupción".
"Creemos que después de 25 años de haber realizado distintos cambios para mejorar la transparencia, es necesario dar un salto cualitativo. Pero esta vez ya no desde la teoría o lo que aconsejen los expertos sino que los propios poderes públicos y órganos que tienen algo que decir con probidad, transparencia e integridad se involucren en esto", dijo.
A esos encuentros, sumó citas con la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, y su par de Defensa, Alberto Espina. Jaraquemada pretende continuar su cruzada en los próximos días, con citas con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Jaime Quintana e Iván Flores, respectivamente, con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y la Contraloría General, entre otros.
