VALPARAÍSO.- Con votos de Chile Vamos y la ex Nueva Mayoría, la Cámara aprobó el proyecto de Ley Antiportonazo, iniciativa impulsada por el Gobierno y cuyo debate se da en medio de la discusión por la seguridad pública previo a la Cuenta Pública que se realizará este sábado.
La propuesta obtuvo 115 votos a favor y ninguno en contra, pero registró 16 abstenciones, en su mayoría de parlamentarios del Frente Amplio.
La iniciativa contiene medidas especiales, entre ellas, aumentos de penas y consideración de situaciones agravantes, tales como, la receptación o la presencia de menores en los vehículos.
"Aumentamos las penas para aquellas personas que participen de estas acciones delictuales llamadas portonazos y aumentamos las penas de aquellas personas que compran autos o piezas de autos que vengan o que tengan su origen precisamente en este tipo de robos o asaltos", explicó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien resaltó que esta ley es también denominada como "Ley Fabián González", en homenaje a un joven de 22 años que murió al ser asaltado en Estación Central.
En el delito de receptación se considera una pena agravada aumentándola a cuatro o cinco años de presidio para todos quienes compren autos que hayan tenido su origen en este tipo de delitos. Para eso se obliga que las denuncias de vehículos sustraídos en portonazos se incorporen inmediatamente al registro de vehículos robados.
"Si una persona roba un vehículo, hace que el conductor baje del auto y en ese vehículo hay un infante o hay una persona que no puede valerse por sí misma y pone en movimiento el vehículo, se aumenta su penalidad de 10 a 20 años, porque creemos que es un hecho demasiado dramático que junto a lo que significa el robo de un vehículo, la tensión, la presión y violencia que se ejerce contra un conductor, que además va con un hijo que es un infante o con una persona que no se puede valer por si misma, imagínense lo dramático que se transforma si el ladrón se va con el auto", planteó el ministro quien explicó que esto es aparte a los delitos de rapto o secuestro que pudieran darse en ese contexto.
Asimismo se consideran medidas preventivas como la obligación de las importadoras de instalar dispositivos GPS y otros elementos de seguridad tecnológicos que impidan el robo de un vehículo.
Además se agrega la responsabilidad para las concesionarias de rutas de informar del paso de vehículos con denuncias de robos a requerimiento de la autoridad.
