La diputada DC Joanna Pérez fue la encargada de presentar el oficio contra el ministro Alfredo Moreno.
El Mercurio (archivo)
Un oficio de fiscalización al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, envió el sábado la diputada DC Joanna Pérez, pidiendo explicaciones por la presencia de conscriptos en la consulta indígena realizada en Valdivia, y por la serie de inconvenientes y rechazos que ha tenido este proceso en varias comunas del país.
La vicepresidenta de la falange señaló que existe una necesidad de "suspender el proceso para ser reformulado y abrir espacios de diálogos con la comunidades, de tal forma que se reestablezcan las confianzas".
A su parecer, la idea es que "se pueda cumplir con el ejercicio de este derecho de las comunidades en virtud del Convenio 169. Después del caso Huracán y del asesinato del comunero Camilo Catrillanca, se rompieron las confianzas y esto está influyendo tanto como las deudas del Estado que aún persisten".
Pérez agregó que "al menos en la región del Bío Bío hay una preocupación y una legítima desconfianza por el tema de las tierras. Ellos sienten que se busca desproteger los territorios para enajenarlos y convertirlos en bienes transables. Se ha dicho, además, que tal como está la consulta no contempla los estándares mínimos establecidos en el Convenio 169".
Por otro lado, la parlamentaria afirmó que el episodio que hundió aún más el respaldo hacia Moreno fue la revelación de compra de tierras indígenas por parte de su jefe de gabinete, Juan Pablo Longueira, el año 2015.
"Lo que ocurrió con las compra de tierras por parte del hijo de Longueira, actual jefe de gabinete del Ministro Moreno, terminó por aumentar la crisis de confianza. Este tema lo analizaremos en la comisión investigadora por compras de tierras indígenas, pero además ha influido en que muchos lideres de las comunidades estén pidiendo que se suspenda la consulta indígena", sostuvo.
Finalmente, Pérez reconoció que "la ley indígena requiere cambios", pero subrayó que "esta modificación debe incluir también las demandas históricas y legitimas de las comunidades que tienen que ver con el reconocimiento constitucional y el respeto de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT: autodeterminación, derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, y muy especialmente el derecho al agua, plurinacionalidad".
